El PSOE reclama a la Junta que en 2023 se inicien las obras de la carretera entre La Bóveda de Toro y Cañizal

Los procuradores del PSOE por la provincia de Zamora, José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández e Inmaculada García Rioja, han presentado una Proposición No de Ley, para su debate y votación ante la Comisión de Movilidad y Transformación Digital de las Cortes de Castilla y León, en la que proponen instar a la Junta de Castilla y León a que a lo largo de 2023 comiencen las obras de mejora en la carretera ZA-604 entre La Bóveda de Toro y Cañizal.

En la exposición de motivos señalan que la carretera ZA-604 es una vía de titularidad autonómica que une La Bóveda de Toro, Fuentelapeña y Cañizal. La longitud de este tramo es de 19,2 km, que transcurren por un tipo de terreno llano. Lleva en mal estado más de una década y su arreglo fue contemplado e incluido en el Plan de Carreteras 2008-2020 de la Junta de Castilla y León. Los vecinos vienen reclamando su arreglo desde hace más de 12 años.

El citado plan contemplaba una actuación de mejora por valor de 2,95 millones de euros. Al mismo tiempo, se incluía una variante en La Bóveda de Toro por valor de 5 millones euros. “Sin embargo no se llevó a cabo ninguna de las actuaciones propuestas en los 12 años de vigencia del Plan, ni tampoco en los dos siguientes, a pesar de que los responsables del gobierno autonómico en más de una ocasión han manifestado que se trata de una “vía prioritaria”.

En la tramitación del proyecto de presupuestos para 2022 el grupo socialista presentó una enmienda para actuar en esta carretera, pero la disolución de las Cortes impidió finalmente su debate y votación en el pleno de presupuestos. Recientemente, el Boletín Oficial de Castilla y León, de fecha 11 de agosto ha publicado el anuncio de la relación de bienes y/o derechos afectados por las obras de mejora en la carretera que une los términos municipales de La Bóveda de Toro y Cañizal en la provincia de Zamora cuyo proyecto se denomina “Mejora de Plataforma y Firme ZA-604” con el objeto de someter el trámite a información pública para que los vecinos afectados puedan presentar alegaciones, subsanar errores de titularidad o bien oponerse a la necesidad de ocupación