La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León está recorriendo los 175 kilómetros que separan Villardeciervos de las Cortes de Castilla y León, para reivindicar el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, dentro del Plan de Incendios de la Comunidad, así como en protesta por la gestión realizada por el Autonómico, durante los brutales incendios forestales de este verano en la Comunidad, especialmente en Zamora.
En una marcha de 12 etapas, estos profesionales forestales portan una antorcha simbólica de Villardeciervos a Valladolid, como si se trasladara el mismo fuego que ha arrasado este verano la Sierra de la Culebra a la sede del Gobierno Autonómico. Paso a paso van recorriendo alguno de los escenarios que fueron su pesadilla este verano como Tábara o La Encomienda hasta llegar a la sede de las Cortes de Castilla y León, donde se sumarán a la manifestación que se celebrará el día 1 de octubre, a las 17.30 horas, junto a las asociaciones de afectados por los incendios de este año y el anterior y que terminará en la Plaza Mayor de Valladolid.
Esta misma tarde, la comitiva llegaba pancarta en mano a la Plaza Mayor de Zamora capital, donde han sido recibidos por una representación del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora. Aquí mismo, representantes de la comitiva han exigido que la Junta de Castilla y León les reconozca la categoría de bomberos forestales, así como una mayor formación de estos profesionales, que permita una mejor respuesta en los operativos.
Y sobre la firma del acuerdo del nuevo Plan de Incendios entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos CC. OO. y UGT, estos forestales miran con recelo lo pactado y piden que "si se estabilizan los puestos de trabajo no sea de cualquier manera". Y es que estos desconfían de cómo se van a normalizar estos puestos de trabajo, en qué condiciones y cómo se va a valorar temas como la antigüedad o el puesto de cada uno.
De hecho, durante el camino hasta Zamora, esta organización indicaba que este acuerdo entre patronal, Junta y sindicatos "mantiene a la mayor parte del operativo sin trabajo los 12 meses del año". También criticaban que la mayor parte del operativo "va a continuar en manos de empresas privadas"; y advertían de que a los vigilantes de los puestos de control "se los ha dejado fuera" de este acuerdo, que califican de "tomadura de pelo".