Luis Rodríguez San León, el que fuera senador electo por Zamora desde el 15 de junio de 1977 al 2 de enero de 1979 por el Grupo Parlamentario Unión de Centro Democrático, ha emitido una queja ante el Tribunal Constitucional por “entender que presuntamente se está vulnerando la Constitución Española en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional”.
Con ello, asegura en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León fechado en Zamora a 2 de noviembre de 2022 y firmado por el propio Luis Rodríguez San León, se estaría “vulnerando la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)” que es “uno de los principios fundamentales de cualquier Democracia” y que “consagra la Constitución española”.
La Constitución establece en el 122 que para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que estará integrado por el presidente del Supremo y por veinte miembros nombrados por el Rey en un periodo de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, según los términos que establezca la Ley Orgánica, cuatro serán a propuesta del Congreso y otros cuatro del Senado.
Así se garantizaría la división de poderes. Sin embargo, en su escrito, el exsenador asegura que “no se está respetando lo establecido en la Constitución” poniendo con ello “en peligro la división de poderes y la Democracia”. Añade que la LOPJ vigente “deja vacío de contenido el artículo 122.3 de la CE poniendo en la exigencia establecida en el artículo 1 de la CE que establece que España se constituye en un Estado social y Democrático de Derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Luis Rodríguez San León añade en el escrito que “hoy la elección de los miembros del CGPJ” queda en manos de los partidos políticos y de los caprichos de los políticos” que “velan por sus propios intereses antes que por los de su país poniendo en riesgo la Democracia de España”.
Por todo esto presenta la queja ante el Tribunal Constitucional para que “ejerza las competencias que le son propias y vele por el cumplimiento de la misma y los derechos de todos y cada uno de los españoles”.