Cada 9 de enero el dolor vuelve a los corazones de los zamoranos. Nadie olvida y nadie debe olvidar que hoy hace 64 años que la presa de Vega de Tera se resquebrajaba para sepultar bajo las aguas a la aldea de Ribadelago. Un triste suceso que se llevó por delante las vidas de 144 de los 532 habitantes del municipio zamorano.

Un recuerdo imborrable en la provincia que, este año, viene con novedad ya que, tras 16 años, el prometido Museo de la Memoria de Ribadelago está más cerca de ser una realidad con la firma del convenio entre la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Galende para transformar el antiguo consistorio en museo. Un acuerdo al que la Institución Provincial destinará 367.000 euros para su construcción.

Este espacio museístico recordará lo que ocurrió cuando el reloj daba el paso del 8 al 9 de enero. Con todos los vecinos en sus camas, un sector de más de 150 metros de longitud del muro de contención de la construcción se rompió dejando escapar ocho millones de metros cúbicos de agua embalsada. Una fuerza descomunal de agua que alcanzó rápidamente al pueblo de Ribadelago, situado a solo ocho kilómetros, y que dejó sin apenas tiempo a sus habitantes para poder huir. Apenas unos minutos tuvieron desde que escucharon el fuerte estruendo del derrumbe de la presa y la mortal llegada del agua en apenas 15 minutos.

Como resultado de este trágico suceso, se creó el 'Servicio de Vigilancia de Presas' con el objetivo de garantizar la seguridad de las presas en España, tras esa imborrable tragedia. Aunque originalmente se creó solo para velar por la seguridad de las presas españolas, más tarde se amplió para garantizar el cumplimiento de la citada Instrucción.

El juicio por la catástrofe de Ribadelago se celebró en marzo de 1963 en Zamora y concluyó con la condena de la empresa responsable de las obras, Hidroeléctrica Moncabril (que más tarde fue absorbida por Unión Fenosa), a pagar 19.378.732 pesetas.

Los informes periciales presentados demostraron que la rotura de la presa se debió a la mala calidad de los materiales utilizados, que no pudieron soportar la presión, las bajas temperaturas y las fuertes precipitaciones de las semanas previas al desastre. Por ese motivo, el Tribunal de Justicia condenó al director gerente de la empresa y a dos ingenieros como responsables directos de las obras a un año de prisión menor por un delito de imprudencia temeraria. Sin embargo, la sentencia fue posteriormente recurrida y los condenados finalmente fueron absueltos o indultados por el Estado.

El alcance de la tragedia en términos de vidas, pertenencias y ganado fue devastador, y en pocos días se recaudaron donativos por valor de 12 millones de pesetas para ayudar a las víctimas, como uno de los primeros actos de solidaridad colectiva masiva en el país. Además, el régimen franquista pagó indemnizaciones a las familias afectadas, pero muchas de ellas nunca llegaron a recibir el dinero.

En compensación a la destrucción del pueblo, Ribadelago Nuevo fue reconstruido aguas abajo siguiendo el modelo del Plan Badajoz y se llamó temporalmente Ribadelago de Franco. Se construyó un nuevo municipio para reubicar a los supervivientes que perdieron sus hogares, y la presa original quedó abandonada y todavía se encuentra en el mismo estado que el día del desastre.