La Audiencia Provincial de Zamora ha dictado una sentencia absolutoria en el caso que involucra a la exalcaldesa de Adeiza en Roales del Pan, Berna Miguel, y tres concejales del PSOE, Luis Alberto González Pérez y los dos ediles independientes Manuel Sobrino y Raúl Centeno.

La acusación, realizada por el actual alcalde y diputado provincial de Vox, David García, alegaba que estos cuatro funcionarios habían prevaricado al solicitar una ayuda de 56.000 euros a la Diputación de Zamora para pavimentar la calle de la Cruz; aunque fue el propio David García quien ejecutó finalmente dicha obra.

La sentencia ha declarado la total inocencia de los acusados. El veredicto se basa en la falta de "pruebas contundentes" que respalden las acusaciones de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias presentadas por la acusación.

La Audiencia ha subrayado que el diputado de Vox debería haber recurrido la decisión municipal de "en tiempo y forma" y haber planteado sus dudas en el Juzgado Contencioso en lugar de buscar directamente la condena de los acusados. Los magistrados han hecho hincapié en la "orfandad probatoria", destacando la ausencia de evidencia de delitos de corrupción.

El Grupo Municipal Socialista de Roales del Pan ha expresado su satisfacción por la sentencia; y han señalado que la acusación por parte del actual alcalde tenía un trasfondo de "venganza personal" y que buscaba "eliminar" la oposición en el municipio, a pesar de que la propia corporación que preside el alcalde de Vox fue responsable "de todos los aspectos relacionados con la obra en cuestión".

De hecho, estos concejales socialistas aseguran que el mismo día del juicio David García dijo que "a esta gentuza la tengo que ver hundida, que no levanten cabeza en su vida", mientras se encontraba en la zona de espera de los Juzgados de Zamora. Para el PSOE se trata de una actitud "revanchista, falto de escrúpulos, ventajista y dictatorial". 

El PSOE se plantea, por tanto, varias dudas sobre la responsabilidad del alcalde actual en este asunto y si asumirá las costas del juicio. También han cuestionado la ética de un alcalde que, "a sabiendas de una solución administrativa alternativa", eligió recurrir a los tribunales penales para resolver diferencias políticas.