Importantes novedades sobre el polémico Museo de Semana Santa de Zamora. Sus obras volverán a salir a licitación este martes 11 de junio de 2024. 

Así lo ha anunciado la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, quien, acompañada del alcalde, Francisco Guarido; el presidente de la Diputación, Javier Faúndez; y la presidenta de la Junta Pro Semana Santa, Isabel García, ha explicado que la licitación saldrá publicada mañana en el diario oficial de la UE y en la plataforma de contratación del Estado, por un importe de 10.050.000 euros, de tal manera que las empresas interesadas tendrán 30 días a contar desde este 11 de junio para presentar sus ofertas. 

Una vez adjudicada, un procedimiento que espera ser resuelto en octubre de este año, la empresa adjudicataria tendrá 24 meses para la ejecución y finalización de las obras. De este modo, si todo transcurre según lo previsto, el controvertido museo podría ser una realidad en octubre de 2026. 

Ahora bien, a día de hoy, el proyecto sigue presentando serias dudas acerca de su musealización. Sobre este asunto, la directora ha afirmado que, aunque no hay nada asegurado, tanto las administraciones autonómica, local y provincial, como la Junta Pro Semana Santa, confía en que "el Ministerio de Cultura se pronuncie en sentido favorable". 

En este sentido, ha revelado que "nosotros enviamos una carta al Ministerio, solicitándole que clarificara el deseo que había manifestado de participar en la musealización, eso que entendemos que le corresponde una vez la obra esté realizada". Sin embargo, hasta la fecha aún no han tenido respuesta, aunque, según María Pardo, "todavía hay tenemos dos años por delante", ha afirmado. 

Cabe recordar que desde que en diciembre de 2021 se la Junta, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta Pro Semana Santa firmaran un convenio, en virtud del cual se acordaba la cofinanciación del coste de las obras de construcción del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora, muchas cosas han impedido que el proyecto fuese una realidad en la fecha prevista inicialmente. 

Tanto es así, que, aunque a partir de ese momento, el expediente administrativo siguió su curso con la licitación y adjudicación de la obra a una UTE por 7,7 millones de euros, el hecho de que esta renunciara al proyecto "por razones económicas", obligó a comenzar nuevamente el proceso. 

A esto se sumó el hallazgo de una atarjea, que encareció y retraso aún más las obras, y ahora, el hecho de que no se pueda derribar una vivienda, dado que su dueña no autoriza la entrada del técnico encargado "de conocer el estado de la casa para poder firmar el contrato correspondiente y, en su caso, asegurar las obras a través de una empresa de seguros". 

Esto ha llevado a la Junta a judicializar este asunto, estando este pendiente una orden, que se espera que sea emitida este mismo verano, "que nos permita entrar a ver el estado de la vivienda y, por tanto, continuar normalmente con las obras".

"Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando", ha añadido la directora.