La segunda ola de la pandemia de coronavirus, que se ha intensificado con la entrada en el otoño, no ha paralizado la actividad laboral ni administrativa en la Administración de Castilla y León, en la que se combina el trabajo en remoto con el presencial en un marco de prevención, protección de los trabajadores y conciliación.

A diferencia de la primera ola, en la que el estado de alarma dejó casi en modo de hibernación la actividad ordinaria en la Junta de Castilla y León, en esta etapa se mantiene la tramitación de los expedientes ordinarios, está operativa la totalidad de la plantilla y se garantiza la prestación del servicio público, explicaron a Ical fuentes de la Consejería de la Presidencia.

Durante el estado de alarma todo lo que no estaba vinculado a la lucha para vencer al virus pasó a un segundo plano, como los textos normativos, la tramitación vía registro, contratos de obras sin esa finalidad o nuevos expedientes de contratación, ya que el protagonismo era para sanidad, servicios sociales y abono de prestaciones sociales, ya que en la gestión ordinaria solo se mantuvo el pago de las nóminas.

En este momento, la acción también está centrada en las medidas sanitarias para frenar al virus y en las económicas y sociales para proteger a los sectores más castigados y a las personas más vulnerable, pero la administración mantiene su ritmo del día a día ordinario, aunque con planes de ordenación y reducción del riesgo aprobados por todas las consejerías.

La Junta modificó en septiembre su acuerdo de julio sobre medidas durante la situación de crisis sanitaria por COVID-19 en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad con objeto de mantener la compatibilidad de la actividad del servicio público y preservar el equilibrio entre prevención y protección de la salud con la conciliación de la vida personal y laboral.

Según Presidencia, esos principios marcan la pauta en los centros directivos, todos con sus correspondientes planes de ordenación y reducción del riesgo, con los que se da un paso más para reducir en la medida de lo posible los contactos entre el personal y el riesgo de propagación de la enfermedad.

A través de estos planes, cada consejería decide la forma de desempeño de su trabajo, ya sea en remoto, presencial o por turnos rotatorios, siempre con el objetivo de mantener la prestación de servicio público y evitar la aparición de una cadena de transmisiones de la COVID-19, que pueda poner en peligro ese compromiso.

Ante la “cada vez mayor evidencia” de la posibilidad de contagios por aerosoles, en despachos compartidos por varios trabajadores se opta por turnos rotatorios en los que se alterna el trabajo presencial y no presencial de las funciones encomendadas.

Por otro lado, se establece en dichos planes que los trabajadores que compongan cada turno estarán en grupos estancos y con la ubicación física entre sí de la mayor distancia posible. Además, el personal que tiene concedido el desempeño de puestos de trabajo en régimen de teletrabajo lo mantiene y se respeta los días de trabajo presencial. 

En todo caso, se trata de evitar las reuniones físicas de los trabajadores y su sustitución cuando sea posible por alternativas telemáticas, siempre conforme a la evolución de la pandemia y a las instrucciones que dicten las autoridades sanitarias.