Castilla y León
Alrededor de 80.000 trabajadores se encuentran en “abuso de contratación” en la administración pública en Castilla y León
Alrededor de 80.000 trabajadores se encuentran actualmente en “abuso de contratación” en todos los niveles de la administración pública en Castilla y León, un colectivo que exige una sanción, tal y como aboga la Comisión Europea, y que llegaría en forma de reconversión de contratos eventuales a fijos. Así lo explicó en declaraciones a Ical el portavoz de la Plataforma Temporales en abuso de contratación de Castilla y León, Diego Calvo, durante una protesta con más de 150 coches que recorrió las calles del centro de Valladolid y de León en caravana, tras salir de la Feria de Muestras y la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, respectivamente.
Recordó que se trata de trabajadores temporales dentro de las administraciones públicas en diferentes ámbitos. “Queremos que se cumpla la legislación. Cuando una persona desempeña las mismas funciones en un entorno privado pasa a ser fijo, pero en la pública puede ser sine die”, denunció Calvo, quien recordó que la Comisión Europea exige que “se controle el abuso en la contratación para evitar que sea una lacra social y se propague en el tiempo”.
Por ello, la plataforma reclamó una inspección entre este tipo de puestos de trabajo y sacar a la luz los contratos que “sean abusivos para sancionar de forma efectiva y disuasoria para que no se siga haciendo”. Y por supuesto, añadió, que los eventuales se conviertan en fijos.
Calvo explicó que en el sector privado se transpuso hace años una directiva europea al respecto, “pero en la pública no”, para añadir que son trabajadores que han superado “con creces las pruebas iniciales por exámenes, entrevistas, bolsas de empleo, etc.”. “Hemos seguido los criterios que nos han marcado y hemos demostrado nuestra valía”, incidió.
En este sentido, pidió la convocatoria de procesos selectivos para cubrir todas las carencia, “que se han multiplicado en pandemia”. “No estamos en contra de las oposiciones”, prosiguió, “sino que rechazamos para el personal que está en abuso de contratación, que debe ser convertida en fija”. Se trata de “contratos legales, pero no es lógico llevar 16 años seguidos con el mismo contrato que en principio era eventual, en el mismo puesto de trabajo, mientras ahora se cubren funciones estructurales y fijas”.
Además, Calvo lamentó el impacto en este colectivo, que es mayor al ser un sector “eminentemente feminizado, con muchas mujeres de más de 50 años que ahora se ven abocadas a competir en una oposición, pero con cargas de hijos y mayores, y con posibilidad de reinserción laboral prácticamente nula”. “¿Quién va a contratar a una persona que toda su vida laboral ha sido el mismo puesto en la administración pública?”, se preguntó, para denunciar que si a uno de estos trabajadores le despiden “no tiene derecho a indemnización a pesar de llevar 30 años en la administración”.
El siguiente paso será una protesta el 10 de febrero, frente a las Cortes de Castilla y León, cuando se votarán las enmiendas de los Presupuestos Generales de la Comunidad, con una “transacional a partir de esas enmiendas presentadas”.
Fraude de ley
En la capital leonesa fueron más de medio centenar los vehículos que salieron a las calles este domingo, en cuyo interior viajaban “trabajadores temporales interinos en fraude de ley”, o lo que es lo mismo, “personas que llevan décadas trabajando para la administración sin haber conseguido estabilidad laboral”.
Tal y como explicó Begoña Bao, lo que se reivindicó este domingo en varias ciudades de toda España es que a todos estos trabajadores “se les otorgue la fijeza”, ya que “según ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estamos trabajando en fraude de ley”.
Una situación que afecta a unas 3.000 personas en la provincia de León, para las que “no se pueden celebrar oposiciones al ser personal cuyas plazas ya están prescritas, tras décadas trabajando” y que piden “equiparación de derechos entre los trabajadores privados y los públicos”.
En cuanto a la postura de la administración, Bao expuso que “está con las manos atadas, ya que con quien está negociando es con los sindicatos mayoritarios, que no nos respaldan porque tienen sus propios intereses, que no coinciden con los nuestros”.
