La comunidad de Castilla y León sigue a la cabeza en atención a la Dependencia y aunque roza el sobresaliente, con un nota final de 8,9, ha bajado cuatro décimas respecto al último informe de 2019, cuando obtuvo un 9,3, según los datos del XXI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia que se ha dado a conocer este lunes.

Esta calificación hace que Castilla y León se encuentre a la cabeza en la atención a la Dependencia según los 14 indicadores empleados en la valoración de la implantación y desarrollo de la Ley de Atención a la Dependencia.

Estos 14 indicadores analizan las personas beneficiarias sobre el total de población dependiente; las solicitudes; personas que no obtienen el grado sobre personas con resolución de grado; las personas con derecho reconocido pendientes de atención; el equilibrio entre servicios y prestaciones económicas; la integración la red de servicios sociales; la tasa de variación interanual de personas atendidas; el gasto público; la tasa de variación interanual (incremento o pérdida) de expedientes Grado III; los solicitantes pendientes de resolución de grado; el sistema de información en tiempo real; el empleo generado; la ratio de prestaciones por persona beneficiaria; y el Ratio de servicios proximidad y prestaciones económicas.

La nota máxima que se puede obtener en cada uno de los indicadores es un 1 y Castilla y León consigue la máxima calificación en once de ellos, mientras que en otros tres (Personas que no obtienen el grado, tasa de variación interanual de personas atendidas y tasa de variación de expediente de grado III) consigue una nota de 0,5, por lo que el resultado final es de 12,5.

Al extrapolar este resultado a una escala de 10 Castilla y León consigue una nota final de 8,9, seguida por Andalucía y Castilla-la Mancha, con un 7,1 y Galicia, con un 6,8, mientras que en el extremo opuesto se encuentra Cataluña, con una calificación final de un 1,4 y Canarias, con un 2,1.

En Castilla y León, la cobertura de personas potencialmente dependientes es del 25,02 por ciento, la más alta de España, además de que en la Comunidad existe plena atención con un 0,1 por ciento de personas en lista de Espera, mientras que la media nacional es del 17,1 por ciento. No obstante, en un año se han perdido 844 plazas residenciales y sólo en Baleares y Navarra se ha producido un aumento de las plazas disponibles.

Por otro lado, mientras que el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 430 días, aunque la Ley fija un plazo de 180 días, sólo hay cuatro territorios cercanos a esa cifra y son Ceuta, con una media de 76 días; Melilla, con 196 días; País Vasco, 138 días y Castilla y León, 187 días.

Asimismo, el gasto público medio anual por persona potencialmente dependiente en España el pasado año fue de 1.158 euros, aunque por encima de esta cantidad y en primera posición se encuentra País Vasco, con un gasto medio de 1.677 euros, seguida de Cantabria, con 1.545 euros y Castilla y León, con 1.471 euros.

Según este dictamen, en España, los principales indicadores de gestión, no solo no han avanzado en el 2020, sino que hanretrocedido a septiembre de 2019, una "catástrofe" generada por la Covid-19 y por la falta de medidas que deberían haber tomado el Gobierno de España y las comunidades para flexibilizar los procedimientos "y no paralizar los procesos".

Y es que en sólo cuatro comunidades aumentaron el número de personas reconocidas en situación de dependencia, Valencia (+12.378), Canarias ( +722), Baleares (+537) y Asturias (+386), el resto de los territorios retrocedieron.

Además, nueve comunidades terminaron el año con menos personas beneficiarias de prestaciones o servicios que al inicio del año, Madrid (-10.180), Cataluña, (6.796), Castilla La Mancha (-2.333), Aragón (-1.419), País Vasco (-1.305), La Rioja (-604), Navarra (-140), Ceuta y Melilla (-107), Cantabria (-56).