La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente de Plena Inclusión, Juan Pablo Torres, han firmado esta mañana en Valladolid un protocolo de colaboración para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que mejoren la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad. La Junta financiará estos recursos con 1.162.750 euros.
La cuantía que va a aportar la Gerencia de Servicios Sociales forma parte de un primer paquete global de ayudas a entidades del Tercer Sector, por un importe conjunto de casi 6,4 millones de euros, con los que el Gobierno de Castilla y León refrenda su compromiso con la protección, atención, inclusión y promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
Lo hace, además, en coherencia con el modelo de fomento de la autonomía personal y el sistema de atención centrada en la persona que inspira el proceso de modernización de las políticas sociales emprendido por el departamento liderado por Isabel Blanco, de la mano del Tercer Sector.
El acuerdo sellado hoy implica reforzar la vía de cooperación con Plena Inclusión, organización que aglutina a 36 asociaciones de las nueve provincias, volcadas en el apoyo a la discapacidad intelectual. De este modo, se incrementan el 4 %, con respecto a 2020, los recursos destinados a sufragar tanto los servicios de apoyo a las familias y de coordinación regional, como los programas de inclusión sociolaboral y de acceso a recursos en el medio rural, que ofrece esta organización.
El apoyo a las familias se concreta en la prestación de servicios de información, orientación y asesoramiento sobre los derechos y obligaciones de sus hijos y otros familiares y el acceso a los recursos disponibles. Plena Inclusión ofrece también formación en torno al rol como familiares de persona con discapacidad y fomenta las relaciones interpersonales y su participación en actividades para la discapacidad.
El servicio de coordinación regional incluye actuaciones de promoción de la actividad asociativa, información, sensibilización y difusión social, formación de profesionales y directivos, y apoyo al servicio de atención a las familias.
Por medio del programa de inclusión sociolaboral, Plena Inclusión trabaja para favorecer la participación social de trabajadores con discapacidad intelectual en alojamientos integrados de la Comunidad. Les ofrece itinerarios personalizados para fomentar la adquisición de habilidades adaptativas y apoyo psicosocial para reforzar su autonomía personal, de manera que estas personas logren desarrollar una convivencia de forma normalizada.
Por último, el programa de acceso a recursos en el ámbito rural presta un servicio de transporte que permite a las personas con discapacidad intelectual residentes en pequeños municipios de Castilla y León acudir a centros y hacer uso de servicios públicos en zonas alejadas de su domicilio.
El protocolo de colaboración firmado esta mañana se enmarca en un proceso permanente de cooperación entre la Junta y el Tercer Sector con el objetivo común de acelerar la modernización de los Servicios Sociales de Castilla y León, consolidar el sistema de atención a la Dependencia 5.0 y garantizar la protección de las personas vulnerables.
Participación del Tercer Sector en los proyectos del Plan de Resiliencia de la UE
Con ese espíritu, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a hacer partícipes a las entidades que trabajan en el ámbito social de la ejecución de algunos de los 166 proyectos propuestos a la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comisión para el periodo 2021-2023.
Cabe recordar que el departamento dirigido por Isabel Blanco ha reservado 15,7 millones –de los 150,74 asignados a Castilla y León con cargo a los nuevos fondos europeos– al desarrollo de iniciativas en colaboración con el Tercer Sector. Con ello, quiere reconocer la experiencia y la labor de estas entidades en el área social.
Plena Inclusión es una de las organizaciones que participará activamente en esa transformación de la política social que mira al futuro. Lo hará a través del desarrollo de una cartera de servicios inclusivos generadores de empleo, un proyecto con tres aspectos reseñables.
En primer lugar, diseñará un modelo de servicios inclusivos en el medio rural partiendo del análisis y desarrollo de servicios para la dependencia. En segundo término, prestará los denominados servicios para la vida independiente, es decir, información, asesoramiento y asistencia personal para facilitar un proyecto de vida propio. En tercer y último lugar, impulsará centros de dinamización comunitaria cultural. Se trata de reconvertir las clásicas instalaciones ocupacionales en espacios de inclusión real en comunidad, generadores de iniciativas y oportunidades, donde la persona con discapacidad se visibilice como un agente social activo que contribuye al bien común.
Para la selección de este proyecto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha tenido en cuenta la elevada implantación rural que tiene Plena Inclusión en Castilla y León, ya que el 61 % de las plazas y el 56 % de los centros que gestiona se encuentran en núcleos de pequeño tamaño.
Además, la organización que preside Juan Pablo Torres ha realizado un análisis del desarrollo de la cartera rural inclusiva en el 20 % del mapa autonómico rural, estudiando la oferta de diferente tipología de centros y servicios, y tiene acreditada experiencia en la implantación y el desarrollo de servicios de vida independiente.
Cooperación permanente
El apoyo económico de la Junta a Plena Inclusión para la prestación de recursos y servicios en beneficio de las personas con discapacidad intelectual es continuo. El pasado año, ascendió a más de 69,6 millones de euros, una cuantía que permitió a la entidad financiar el funcionamiento de 339 centros (189 viviendas, 98 centros de día y 52 residencias) con 8.322 plazas, de las que 5.987 plazas (el 72 %) son concertadas.
La organización desarrolló a través de diez asociaciones su programa de itinerarios personalizados de empleo –con 808 usuarios y 86 personas contratadas– y otras medidas, como la puesta a disposición de viviendas con asistencia personal o la formación en este campo.
Con cargo a la subvención procedente del 0,7 % del IRPF, prestó servicios de atención temprana y programas de apoyo al envejecimiento activo, a las familias y cuidadores, y de promoción de los servicios de respiro o de autonomía personal, además de acometer mejoras en los centros y equipamientos.
Cabe destacar también el trabajo específico de Plena Inclusión en la promoción de los derechos de las mujeres con discapacidad intelectual. La Gerencia de Servicios Sociales, a través de un convenio de colaboración con CERMI y Plena Inclusión, apoyó en 2020 el desarrollo de actuaciones de sensibilización y formación en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad.
Entre ellas, cabe destacar ‘diviolenciacero.com’, un servicio web de prevención y actuación en materia de violencia de género y discapacidad intelectual, o el proyecto de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género en el medio rural.