El rector de la USAL insiste en "acabar con la discriminación" de los docentes y PAS universitarios en la vacunación

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha seguido manteniendo durante las últimas semanas conversaciones con las autoridades educativas y sanitarias nacionales y regionales para que se incluya al personal docente e investigador (PDI) y al de administración y servicios (PAS), tanto funcionario como laboral, en la agenda de vacunación en las mismas condiciones que al resto del personal educativo.

Tras el apoyo mostrado a primeros del mes de marzo a los órganos de representación para que se incorporara al personal de la USAL en las campañas de vacunación por tratarse de un colectivo “de especial riesgo frente a contagios COVID, al desempeñar su trabajo en contacto estrecho con la comunidad universitaria en su conjunto”, el rector ha reiterado esta reclamación en sendas cartas remitidas a los ministros de Sanidad y Universidades, así como a la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

En la misiva enviada al Gobierno de España, suscrita también por los rectores de las universidades públicas de Castilla y León, Rivero insiste en “la necesidad de evitar dicha discriminación”, respecto a los docentes de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, “porque la mayor parte de universidades españolas han mantenido la presencialidad como garantía de calidad y de igualdad de oportunidades para los estudiantes”. Una presencialidad que, a su juicio, ha demostrado ser “esencialmente segura con un porcentaje de positivos muy inferior al detectado en la población en general y, en lo que respecta a las universidades de Castilla y León, sin un solo origen de contagio en las aulas”.

“Lógicamente, si queremos garantizar y mantener dicha seguridad, los docentes y PAS universitarios deben incluirse entre personal esencial que garantice el derecho fundamental de Educación Superior”, subraya.

En la misma línea se refiere la carta remitida a la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León en la que le insta a defender esta postura ante el Consejo de Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.