Sacyl vulneró el derecho a la información de CCOO sobre el proyecto piloto de Atención Continuada en Valladolid

CCOO, a través de un comunicado remitido a este periódico, ha señalado que "este proyecto piloto, según lo aportado por la Consejería en sala, se presenta en febrero de 2021 y pretende actuar sobre temas de gran calado para la Sanidad de Castilla y León.  Entre las medidas que propone está la transformación del modelo asistencial y la telepresencia (telemedicina y teleasistencia)".  Del mismo modo, han señalado que "para ello se define el Soporte Vital Avanzado de Enfermería y el PAC en red, que involucra a otros dos niveles asistenciales: los Servicios de Urgencias Hospitalarias y las Emergencias Sanitarias, y requiere de equipos de videoconferencia y medios audiovisuales de alta calidad.  De todo ello se desprende que la generación y la actividad del proyecto afecta en mayor o menor medida a cargas y/o condiciones de trabajo, no sólo del personal seleccionado para el mismo, sino a otro personal de los Servicios conectados".

El sindicato solicitó "en varias ocasiones información sobre este proyecto y la afectación al personal de los distintos niveles, sin obtener respuesta, lo que evidencia el desprecio de estos gestores por la representación legal y legítima de las y los trabajadores, la soberbia y la sospechosa falta de transparencia. Cuestiones que nos obligaron a acudir a los tribunales por tutela de derechos fundamentales".

Dictada Sentencia 00150/2021 del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 3 de Valladolid, el Juez da la razón a CCOO, pues entiende que "sí se ha producido una afectación de la libertad sindical, en el ámbito del derecho a la información, ya que entiende que esa información era necesaria para que el sindicato pudiera decidir si, efectivamente, era necesaria la negociación con la demandada y si la forma en la que se estaba implantando el plan piloto, en lo relacionado con las condiciones laborales, podía afectar a los derechos de los trabajadores".  También el sindicato ha señalado que "la información reclamada era un medio necesario y proporcionado para que el sindicato pudiera ejercer sus obligaciones para con los trabajadores y para poder exigir una negociación real y adecuada si hubiera sido necesaria.  En resumen, debe considerarse que la administración demandada incumplió su deber de información y que dicho incumplimiento supuso una afectación a la actividad sindical de la actora y con ello, al derecho fundamental de la actividad sindical".

Es por ello que han insistido en que "son muchas las ocasiones en que la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León (FSS-CCOO CYL) se ha visto obligada a acudir a los tribunales demandando la información que la Consejería de Sanidad no aporta.  Son muchas las ocasiones en que dicha consejería actúa obviando tanto la información como el deber de negociación con los legítimos representantes de los trabajadores, la Mesa Sectorial de Sanidad.  Este “modus operandi”, sin información ni negociación, oscuro y liberal, del que la Gerencia Regional de Salud hace uso de forma habitual, genera desigualdades entre los trabajadores y dificultades para los usuarios del Servicio de Salud;  y solo conduce a la vulneración de derechos y al detrimento de la calidad de la asistencia".

Igualmente han aseverado que "no dudan en negar estos derechos fundamentales tanto en sala, como en los escritos dirigidos al juzgado, donde ponen en cuestión la admisión del recurso por la vía de protección de derechos fundamentales por no considerar la información una herramienta para la acción sindical y por tanto, para ejercer el derecho a la libertad sindical.  No sólo exhiben su convencimiento absolutista de la gestión, despreciando toda participación institucional, sino que se atreven a argumentarlo y presumen de ejecutarlo".

Según CCOO "no es la primera vez que este modo de actuar absolutista de la Gerencia Regional de Salud vulnera los derechos. También en octubre de 2019 desde la FSS-CCOO CYL se denunció la experiencia piloto que la Consejería de Sanidad quiso instaurar en la Zona Básica de Salud de Aliste (Zamora), sin la pertinente negociación, puesto que empeoraba las condiciones laborales de los trabajadores y el acceso a la asistencia por parte de los usuarios".

"Es una práctica cada vez más habitual desde que el presente equipo se hiciera cargo de la Consejería de Sanidad, que ningunea a los representantes sindicales elegidos democráticamente y lesiona gravemente la libertad sindical, al tiempo que evade la obligación de negociar con éstos la modificación de condiciones de trabajo del personal afectado por este y otros proyectos puestos en marcha de manera similar", han afirmado.

En el comunicado han señalado que "el proyecto piloto denominado 'PAC en Red', proyecto de unidades de soporte vital avanzado de enfermería (SVAE) se puso en marcha sin que las condiciones de trabajo del personal sanitario adscrito al proyecto fuesen negociadas con los sindicatos; tampoco se informó de la puesta en marcha del proyecto, los criterios de selección del personal ni, en general, acerca de las características del proyecto, a pesar de haber sido requerida de forma expresa esta información en Mesa Sectorial.  La FSS-CCOO CYL se vio obligada a recurrir a los tribunales para salvaguardar los derechos de los trabajadores y una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Valladolid nos ha dado la razón". 

Es por ello que han explicado que "ha tenido que ser otra vez la Justicia la que ponga freno a la gestión carente de toda transparencia de la Gerencia Regional de Salud y su Dirección General de Profesionales que ha vulnerado, a quienes CCOO exige un proceso de negociación colectiva real y efectivo y el respeto a los derechos fundamentales de todos los trabajadores de Sacyl".

Por último, han asegurado que "las actitudes como la presente, actuar sin informar ni negociar con nadie, permiten a la Gerencia Regional de Salud llevar a cabo modificaciones que pretenden ser temporales, disfrazadas de proyectos piloto, y que al final se transforman en permanentes sin que exista una evaluación de un proyecto cuya duración resulta finalmente atemporal, lo que se traduce en modificaciones de condiciones de trabajo que se perpetúan en el tiempo a voluntad única y exclusivamente de los responsables de la Consejería de Sanidad".