Empleos públicos y sanidad, los expedientes más tramitados por el Defensor del Pueblo en CyL

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha registrado este viernes, en las Cortes Generales, el informe anual de la actividad de la institución, del que se extrae que un total de 1.383 expedientes fueron tramitados durante el año 2021 en Castilla y León, lo que supone el 4,7 por ciento del total de 29.401 expedientes que se tramitaron en el conjunto de España.

Por área de actuación, Función y Empleos Públicos fue la que mayor número de expedientes acumuló con 278, seguida de Sanidad (121), Centros Penitenciarios (115), Administración de Justicia (113), Empleo y Seguridad Social (101), Asuntos de Interior (100), Servicios Públicos y Esenciales (65), Educación (59), Actividad Económica (58), Impuestos (55), Urbanismo (51), Medio Ambiente (40), Política Social (38), Administración Local (31), Migraciones (25), Vivienda (17), Cultura y otros ámbitos (15), Igualdad de trato (12), Asilo (10), Transparencia (7) y Asuntos Exteriores (3). Además, 69 de los expedientes de Castilla y León se encuentran en estudio, según informa Ical.

Por provincias, la que más registró fue León, con 336 expedientes, seguida de Valladolid (257), Salamanca (193), Burgos (177), y Ávila (111). Ya por debajo del centenar, según los datos revelados hoy por el Defensor del Pueblo, se encuentran las provincias de Palencia (99), Zamora (82), Segovia (73) y Soria (55).

En el conjunto de España, se tramitaron 29.401 expedientes, entre quejas (29.015), investigaciones de oficio (182) y solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo (204). Además, en este período, en la institución fueron atendidos personalmente 33.708 ciudadanos y ciudadanas, de los cuales 734 fueron presenciales y 32.974 a través de llamadas de teléfono.  

El Defensor del Pueblo formuló a las diferentes administraciones un total de 2.231 resoluciones, de las cuales 582 fueron recomendaciones, 1.139 sugerencias, 508 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. Los asuntos sobre los que más se quejaron los ciudadanos tuvieron que ver fundamentalmente con empleo, seguridad social, administración de justicia, función y empleo públicos, sanidad y migraciones y, según su procedencia geográfica, el mayor número de quejas vino desde la Comunidad de Madrid (6.361 expedientes), Andalucía (3.517), Comunitat Valenciana (2.856) y Cataluña (2.815).  

Realidad social y emergencias

Según el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, “el informe es una radiografía de la realidad social de España, ya que muestra no solo el estado de la Administración sino, aún más, del conjunto de la sociedad”. Este informe es así, más que una exigencia legal que se rinde mecánica y burocráticamente, “una llamada a la reflexión sobre problemas reales, conflictos reales, de personas reales, cuyos derechos fundamentales no son garantizados, o no lo son plenamente, por los poderes públicos”, apuntó Gabilondo.

La experiencia de las quejas recibidas permite asegurar, según el Defensor del Pueblo, que “la pandemia ha puesto más en evidencia la necesidad de atender eficazmente situaciones de emergencia social”. Situaciones con efectos transversales que alcanzan no solo a la atención sanitaria sino a otros derechos fundamentales. En 2021 se ha producido un incremento de la demanda de asistencia de recursos sociales, lo que ha conllevado “un denodado esfuerzo de gestión, no siempre con los resultados deseados”.

En este contexto, el informe destaca "el impacto social y económico provocado por la COVID-19, la traslación directa en el número de quejas recibidas en materia sanitaria que ha supuesto el cuestionamiento del alcance de determinadas políticas y medidas administrativas que han afectado, sobre todo, a la salud pública y muy singularmente en lo relativo al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud”.

La emergencia afectó especialmente a la atención a los mayores en residencias que, “a pesar de la respuesta de los profesionales, ratifica la urgente necesidad de que se replantee y, en todo caso, se revise el modelo residencial, la necesidad de un incremento de recursos humanos, la mejora de las condiciones laborales de los que allí trabajan y un mayor seguimiento y control por parte de las administraciones públicas”.

Los escritos llegados al Defensor del Pueblo en 2021 revelan, además, que la pobreza sigue constituyendo un elemento de riesgo decisivo para los derechos de las personas. “Basta detenerse en reiterados escritos recibidos en la Institución para comprender hasta qué punto esto es así y que se requiere una actuación específica y directa para afrontarla por parte de toda la sociedad, y muy concretamente de todas las administraciones”, concluyó Gabilondo.

El informe presentado hoy corresponde a un periodo en el que ha estado al frente de la institución, hasta el mes de noviembre, Francisco Fernández Marugán, bajo cuya responsabilidad se han desarrollado las tareas y actuaciones recogidas en el Informe Anual 2021. Ángel Gabilondo tomó posesión del cargo el 18 de noviembre de 2021 en el Congreso de los Diputados, ante representantes de la Mesa del Congreso y del Senado.