La Federación LGTBi denunció que Castilla y León es una de las tres comunidades autónomas en donde no se ha legislado en materia de protección y no discriminación hacia las personas del colectivo. Lo hace a través de un manifiesto con motivo de la celebración, el próximo martes, 28 de junio, del Día del Orgullo.
Frente al Proyecto de Ley que el Gobierno de España, en colaboración con entidades LGTBIQ+, pretende lanzar como “un nuevo avance en el reconocimiento de las realidades de las personas trans”, el colectivo denunció que en Castilla y León “no se aprecia la voluntad de avanzar en estos temas”.
Así, afeó que tanto el partido mayoritario en el Gobierno castellano y leonés, el PP, como el “subalterno”, en referencia a Vox, “se sitúan en las posiciones más inmovilistas impidiendo cualquier posibilidad de avance”. El manifiesto constata que las leyes de igualdad social han sufrido “demasiados retrasos empleando toda la batería de recursos que las Cortes de Castilla y León permitieron a los anteriores gobiernos del PP”. “Unos años perdidos en los que las personas LGTBIQ+ y sus familias han sentido el ninguneo de la Administración autonómica amparándose en una espera ante la futura Ley Estatal. Tiempo en el que no han legislado en el terreno de sus competencias y que podrían haber ayudado a la felicidad de las personas LGTBIQ+”, reprochó, en especial de las personas menores trans, “quienes ante la falta de un protocolo en el ámbito educativo han de depender de la buena o no voluntad del centro escolar”.
El colectivo se pregunta de qué sirvió la Declaración Institucional de las Cortes de Castilla y León de junio del 2018 “si son incapaces de articular una ley autonómica que ampare y proteja frente a la discriminación, los insultos y el odio que siguen recibiendo las personas LGTBIQ+ en la Comunidad”.
En las diferentes provincias se organizarán actos de reivindicación para exigir a la Junta y a la Cortes que no dilaten la tramitación de las leyes de igualdad social y que “se abran al diálogo” con las asociaciones y entidades para “diseñar” una norma que “proteja, ampare y evite la discriminación y los actos de odio hacia las personas LGTBIQ+”.