El eterno debate de la protección de datos se ha puesto de nuevo sobre la mesa. En esta ocasión por la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción contra varios festivales de música, entre ellos el exitoso Sonorama Ribera, que se celebra cada verano en Aranda de Duero. La polémica llega porque se denuncia que la organización solicitó a varios asistentes que presentaran su informe médico para acreditar su condición de intolerantes o alérgicos a ciertos alimentos. Así, de esta forma se les puede permitir entrar con comida del exterior, que es otro de los temas más polémicos y que esta asociación viene denunciando desde hace tiempo.
El de Sonorama no es el único festival denunciado, también ha ocurrido con Atlantic Fest, Brava Madrid y Madrid Salvaje. FACUA-Consumidores en Acción advierte de que los festivales de música no pueden pedir a los asistentes estos informes médicos ya que forman parte de la privacidad de una persona, ya que la normativa europea de protección de datos personales establece de forma clara la prohibición de tratar datos "relativos a la salud", al tratarse de datos que deben ser especialmente protegidos, salvo que concurran causas de "interés general".
Sin embargo, para Facua queda claro que conocer las alergias o intolerancias de un usuario para dejarle entrar o no al recinto no obedece a ningún interés general, sino solo al propio de la organizadora del evento de obtener más beneficios, por lo que la imposición de esta obligación es una cláusula abusiva y una infracción no sólo del Reglamento Europeo de Protección de Datos, sino también de la normativa de defensa de los consumidores. No es la primera vez que Facua se queja de la organización de Sonorama, ya lo hizo con las famosas pulseras recargables.
Así, la asociación espera que la AEPD imponga multas contundentes a los festivales infractores para disuadirles de seguir cometiendo esta irregularidad, que atenta contra un derecho básico como el de la protección de los datos que tienen que ver con su salud.
Las denuncias han sido presentadas tanto ante las autoridades de consumo autonómicas pertinentes como a la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).