Han dicho basta. El terrible asesinato de Nuria en Tarragona, la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric, a manos de un preso ha terminado por colmar la paciencia de los funcionarios de prisiones. Una oleada de reivindicaciones se ha desatado en su máxima expresión a nivel nacional y también ha llegado a Castilla y León. Aunque en Cataluña las competencias son de la Generalitat, la mejora de las condiciones laborales de estos trabajadores en el resto del territorio nacional llevan siendo reivindicadas desde hace ya varios años, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el centro de la diana.

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha podido hablar con varios miembros de las cárceles de la Comunidad, con el objetivo de poder saber cómo se ha recibido la noticia del lamentable crimen que ha acabado con la vida de Nuria y sobre la situación que se viven en los centros penitenciarios de la región cada día. "Se veía venir". Estas son las primeras palabras de una de nuestras fuentes, el coordinador del sindicato 'Tu Abandono Me Puede Matar' (TAMPM) en la cárcel de Dueñas, en Palencia, Javier, que muestran la desazón y el pesimismo ya instaurado en su lucha, pero ésta no cesa.

Aunque a varios kilómetros de distancia, lo sucedido en Tarragona aseguran que podría haber pasado en cualquier otro punto del territorio nacional, también en Castilla y León. Las declaraciones vienen a mostrar lo que llevan años denunciando ante la falta de medios humanos y materiales y unos protocolos que no responden a la realidad que se vive en los centros penitenciarios de nuestro país.

Unas palabras que también son compartidas por el delegado sindical de 'Tu Abandono Me Puede Matar' en la cárcel salmantina de Topas, Feliciano, quien además cree que tras 32 años de servicio no debe esconderse de nadie. "Estamos tristes e indignados. Llevamos avisando tiempo de que iba a ocurrir algo del estilo", señala en palabras muy contundentes a este periódico.

Este contexto ha llevado a estos trabajadores públicos a decir basta y a salir a las calles para reclamar lo que consideran de justicia y que Marlaska les lleva negando años a pesar de los innumerables compromisos que por el momento han caído en saco roto. "No nos hacen caso", lamenta otra de nuestras fuentes, un miembro de la sección sindical de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) en Castilla y León que prefiere no dar a conocer su identidad.

Movimientos sin siglas, piquetes y barricadas

Ha ocurrido ya en varios puntos y cárceles de España, donde movimientos 'asindicales', sin ningún tipo de siglas, han tomado las entradas de los centros con barricadas y piquetes. Feliciano carga muy duramente contra las "políticas de buenismo" del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, y el ministro Marlaska, quienes, junto a la consellera de Justicia en Cataluña, Gemma Ubasart, considera que "si tuvieran dignidad" tendrían que dimitar ya.

Este funcionario de prisiones de la cárcel salmantina pone de manifiesto las situaciones de "peleas diarias, insultos y vejaciones" a las que se ven sometidos mientras desde el Ministerio se trata a los funcionarios de prisiones como "los malos" de la película. 

Una de las grandes reivindicaciones que llevan reclamando años y que fue prometida por Marlaska hace al menos un lustro es la condición de agente de autoridad, lo que implicaría mayores consecuencias para los autores de las agresiones o atentados contra los funcionarios de prisiones. Recientemente, el ministro volvió a señalar su intención de que la medida sea una "prioridad" en esta legislatura, pero los funcionarios ya no confían en su palabra. "No creemos nada al Gobierno porque lo ha dicho mogollón de veces. Cuando llega al Congreso y al Senado se va paralizando, en su día se dijo, pero no se ha hecho absolutamente nada", afirma rotundamente el miembro de APFP en Castilla y León. 

Falta de medios, tanto personal como material, que además también se ve agravado últimamente ante la escasez de médicos en los centros penitenciarios, según esta misma fuente. "Todo eso unido crea un cóctel de inseguridad y de faltas de respeto a los funcionarios al haber un solo empleado manejando 70 u 80 internos", subraya uno de nuestros sindicalistas entrevistados.

Es precisamente esta aura de descontento y de hartazgo lo que ha llevado a los movimientos anónimos a saltar a las calles a cortar carreteras. "No creen en nadie, ni en políticos ni en la institución. Se piden cosas, se dicen que se van a dar y queda todo en nada", insiste el miembro de la sección sindical de APFP en la Comunidad.

Esta misma persona reconoce que se están celebrando asambleas para coordinar movimientos reivindicativos estas próximas semanas en Castilla y León, pero aclara que por el momento no pueden dar más datos al respecto.

El crimen de la cárcel de Mas d'Enric ha detonado la guerra entre los funcionarios de prisiones y las administraciones públicas competentes. Una oleada de protestas y reivindicaciones en escalada que no dan atisbos de parar hasta que, de una vez por todas, sean escuchados en una profesión que dan la sensación de que son los "eternos olvidados".

Un clamor en la profesión que busca acabar con políticas como las del "buenismo" que llaman. En un halo de "mejorar las estadísticas", los funcionarios de prisiones manifiestan que desde Instituciones Penitenciarias, en vez de retroceder a un grado I a un interno que comete cualquier tipo de conducta sancionable en un centro, este es mantenido en grado II y trasladado a otra cárcel. Algo que consideran que solo sirve para trasladar el problema a otro lado y que de nada sirve para corregir la situación y las condiciones de los trabajadores.

El asesinato de Nuria en la cárcel de Tarragona vuelve a colocar al Ministerio del Interior, además de la Conselleria de Justicia, la competente en ese territorio y que aseguran nuestros funcionarios "sigue las mismas políticas que Marlaska", en el centro de todas las miradas de unos trabajadores abandonados a su suerte y ya hartos de vivir en un riesgo constante para sus vidas.

La perplejidad, además, se aumenta en la APFP en Castilla y León al ver que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al no haber sacado ningún comunicado de apoyo a la familia y allegados de Nuria, a pesar de que los hechos hayan sucedido en Cataluña y la competencia sea de la Generalitat. No obstante, desde el seno de la asociación muestran sus más profundas condolencias.

En definitiva, una oleada de reivindicaciones que ha hecho explotar a todo el sector a nivel nacional y que también ha levantado a los funcionarios de prisiones de Castilla y León, que ya venían advirtiendo desde hace tiempo de una situación de "extrema gravedad" en nuestros centros penitenciarios.