Para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente esta nueva sentencia "afianza la normativa de la Junta de Castilla y León", en este caso en relación a las acciones para mejorar la calidad del aire en la Comunidad.

Las medidas que recoge la Estrategia para la consecución de sus objetivos están diseñadas con dos enfoques: a corto plazo, para solucionar los problemas que afectan a la protección de la salud y mejorar el sistema de información pública y de alerta a la población; y a  medio y largo plazo, con medidas dirigidas a fijar y asegurar un mayor control de las fuentes emisoras, en especial, en el caso de las fuentes de contaminantes precursores del ozono, que constituye el problema más importante en Castilla y León y que tiene las soluciones más complejas, por el desconocimiento científico de la formación de este contaminante.

Según explica el Ejecutivo regional, la Estrategia establece las pautas para lograr una mejora significativa de la calidad del aire que permita conseguir que, en el menor plazo de tiempo posible, se cumplan los objetivos de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud para los contaminantes primarios y evitar que se produzcan superaciones del valor objetivo de protección a la salud por ozono en todo el territorio regional y éstas, de acuerdo con la sentencia, son correctas.

Además, la Junta de Castilla y León ha de desarrollar Plan de mejora de la calidad del aire por ozono troposférico en Castilla y León con el que se pretende rebajar los niveles de este contaminante en la región, algo especialmente difícil dada la especial complejidad que tiene la formación de este contaminante secundario en la atmósfera en la que intervienen contaminantes primarios emitidos por la actividad humana locales y en un gran porcentaje de fuera de la región y sustancias naturales emitidas por la vegetación. Este Plan está ahora en una fase avanzada de su tramitación y se espera su aprobación en breve.

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha sido condenada, además, al pago de las costas del proceso, en aplicación del principio de moderación que se debe aplicar a los procedimientos judiciales.