La organización medioambiental Greenpeace ha denunciado este miércoles que Castilla y León está "a la cola" en reducción de emisiones de CO2 en España y "ni siquiera ha fijado un objetivo". La organización ha recordado que a 11 días de que venza el plazo que tiene el Gobierno para presentar ante Bruselas el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se ha revelado que "la falta de ambición climática de las comunidades autónomas sitúa a España a la cola de la reducción de emisiones en la Unión Europea".

Según el análisis que ha presentado este miércoles la organización medioambiental, de las 17 comunidades autónomas, 15 cuentan con planes climáticos "que no evitarían un calentamiento superior al 1,5 grados" y 10 de ellas tienen un objetivo "menos ambicioso que el propuesto por el Gobierno central". Tan solo dos comunidades autónomas, Asturias y Navarra, tienen un objetivo de reducción de emisiones en línea con el Acuerdo de París. En el lado opuesto, Castilla y León, que "ni siquiera ha fijado un objetivo de reducción de emisiones", y La Rioja y Extremadura, que planean que sus emisiones en 2030 "sean todavía mayores que las de 1990".

"España está lejos de ser líder de la acción climática en Europa, pues los objetivos actuales de reducción de emisiones de efecto invernadero nos llevan a un calentamiento global mayor del 1,5º. Es responsabilidad de todas las Administraciones aumentar la ambición climática: desde las comunidades autónomas a los ministerios de Transporte, Vivienda y Agricultura y Pesca, no solo el Ministerio de Transición Ecológica", ha señalado Pedro Zorrilla Miras, responsable de la campaña contra el Cambio Climático de Greenpeace.

"Estamos en una verdadera emergencia climática y se siguen presentando planes como si esto fuera un problema secundario. Todas las Administraciones públicas tienen que ser conscientes de la urgencia y los beneficios de la transición ecológica para el conjunto de la sociedad y el planeta y hacer lo que les corresponde para que el plan que presente España esté a la altura", ha añadido.

El análisis de Greenpeace muestra las principales "deficiencias de la planificación de la acción climática en España, indica los objetivos que deben fijarse y aporta seis propuestas concretas para reducir las emisiones en el corto plazo". El informe, que explica la importancia de no sobrepasar el límite físico de calentamiento de 1,5ºC, compara el objetivo de reducción de emisiones en 2030 con respecto a 1990 tanto entre los países de la Unión Europea como entre comunidades autónomas y demuestra que España "no lidera estos objetivos climáticos; al contrario, se encuentra entre los países con menor ambición".

Las comunidades, con "muchos deberes por delante"

La comparación entre comunidades autónomas de los objetivos de reducción de emisiones para 2030 con respecto a las de 1990 muestra, a juicio de Greenpeace, que tienen "muchos deberes por delante y deben ser más ambiciosas en sus objetivos y planes". De las 17 comunidades autónomas, 15 de ellas no alcanzan la ambición climática necesaria (reducción de emisiones del -55% con respecto a 1990, para evitar un calentamiento mayor al 1,5ºC). De hecho, la mayoría de ellas (10) tienen un objetivo menos ambicioso que la propuesta actual del Gobierno central (-32%). "Especialmente sangrantes son los casos de Castilla y León, la única comunidad que ni siquiera ha fijado un objetivo de reducción de emisiones para 2030, y de La Rioja y Extremadura, que pretenden que sus emisiones en 2030 todavía sean mayores a las de 1990: +46% en La Rioja y +53% en Extremadura", ha afirmado la organización.

Greenpeace ha señalado que solo Asturias y Navarra cumplen con la meta del Acuerdo de París, ya que se han fijado como objetivo reducir sus emisiones un 55% en 2030 con respecto a 1990. "Sin embargo, en el caso de Navarra las organizaciones sociales han denunciado recientemente la falta de implementación", han señalado, y han hecho hincapié en que tres de las cuatro comunidades con mayor proporción de emisiones de gases de efecto invernadero, Andalucía, Cataluña y Madrid, cuentan con objetivos "menos ambiciosos que los fijados por el Gobierno central, por lo que tienen una gran responsabilidad con su ciudadanía para mejorar su planificación y acción climática".