CyL deja sin efecto la medida que ponía a su disposición hospitales y centros privados de la CCAA

La Consejería de Sanidad ha publicado una Orden por la que se deja sin efecto la medida de puesta a disposición del sistema público de salud de Castilla y León de "determinados centros y establecimientos sanitarios privados" en el territorio de la Comunidad, en concreto en las provincias de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, adoptada como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19.

Esta orden, con efectos desde el mismo día de publicación en el Bocyl, es decir, desde este viernes, 24 de abril, afecta al Hospital Recoletas de Palencia, al Hospital General de la Santísima Trinidad de Salamanca, al Hospital Recoletas Nuestra Señora de la Misericordia de Segovia, al Hospital Felipe II de Valladolid y al Hospital Recoletas de Zamora.

Según explica la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la orden la monitorización y evaluación continua de los indicadores de actividad, funcionamiento y rendimiento de los recursos sanitarios públicos pone de manifiesto una "paulatina disminución" de la hospitalización y presión asistencial que hace preciso actualizar ahora las medidas sobre la disponibilidad de los recursos privados para reforzar el Sistema Nacional de Salud.

La consejera explica también que ante la variabilidad en el grado de afectación de la población en relación a la infección COVID-19 en las diferentes provincias y su repercusión sobre los centros sanitarios públicos, los planes de contingencia elaborados por cada uno de los centros se han ido adaptando a esta evolución "y, en algunos casos, los recursos propios de los centros se han demostrado como suficientes para dar respuesta a la demanda asistencial planteada por la pandemia".

El Real Decreto que declaraba el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 contemplabala posibilidad de que los centros y establecimientos sanitarios de carácter militar y los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada contribuyeran a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el país "durante el tiempo en el que por la progresión o afectación de la epidemia no se pueda atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios materiales y humanos adscritos a cada comunidad autónoma".