La Junta realizó 300 visitas de inspección a residencias en el primer mes del estado de alarma

El gerente de Servicios Sociales señala la elevada población mayor, el envejecimiento y la cercanía con Madrid como causas del "terrible balance"

El gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Raúl de Pablos, ha explicado este lunes que la Gerencia Regional estableció al comienzo de la pandemia por el coronavirus un sistema de seguimiento de los centros residenciales de personas mayores y discapacitadas que, en el primer mes de estado de alarma, conllevó 300 visitas a residencias.

Así lo ha explicado este lunes el gerente, que ha comparecido ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades en las Cortes para explicar las actuaciones de su departamento relativas a la pandemia del coronavirus, una situación que De Pablos ha reconocido que ha dejado un "terrible balance" en estos centros residenciales.

El responsable de Servicios Sociales ha destacado que se estableció un sistema de seguimiento telefónico desde el principio de la pandemia, del que han derivado visitas a los centros con peor situación de afección del virus, en los que se daban contagios de residentes o de los propios trabajadores.

Así, durante el primer mes de la pandemia, los servicios de inspección realizaron 300 visitas a centros de mayores y discapacidad, de las cuales 70 fueron junto a la Consejería de Sanidad y el objetivo era verificar in situ las condiciones de los centros y de las personas y adoptar, en su caso, las medidas adecuadas. De hecho, en seis de los casos derivaron, de manera extraordinaria, en la intervención de la residencia por parte de la Junta.

La Consejería no ha precisado el número de centros a los que se realizaron esas inspecciones, ya que el gerente ha apuntado que ha habido casos en los que se ha acudido en "seis o siete" ocasiones a alguna de ellas. Cabe apuntar que a fecha del 15 de abril, cuando había transcurrido un mes de la declaración del estado de alarma, se habían producido fallecimientos en 235 centros de los 1.214 existentes en la comunidad.

Ante las cuestiones planteadas por los grupos de la oposición --PSOE y Mixto, hoy representado por la procuradora de Podemos Laura Domínguez-- sobre las escasas inspecciones para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad del servicio, De Pablos ha defendido que en 2019 se realizaron 1.369 visitas a 769 centros, que derivaron en 30 sanciones. "Se puede intensificar la inspección, pero no puede decirse que no se hicieran visitas", ha aseverado.

De Pablos ha apuntado que "nadie pudo vislumbrar la gravedad" de la pandemia que se venía en las fechas en las que se tomaban las primeras medidas, como el cierre de los Centros de Día o estancias diurnas o el restringir totalmente las visitas a residencias, el 13 de marzo. Sin embargo, ha precisado que ya el 28 de febrero la Gerencia envió una primera comunicación de información a las residencias de recomendación ante una posible situación de pandemia.

El gerente ha recalcado que el trabajo de todos los profesionales de la Gerencia ha sido "ímprobo" para garantizar la "mejor atención a los dependientes", pero "lamentablemente no se ha podido evitar el fallecimiento de personas de centros residenciales" --a fecha de 25 de mayo se han registrado 2.558 fallecidos por COVID-19 o con síntomas compatibles--.

"NINGÚN PAÍS HA RESISTIDO EL EMBATE"

En todo caso, De Pablos ha apuntado que se ha tratado de una "situación excepcional", ante la cual "ningún país u organización ha resistido al embate", por lo que las residencias no han sido ajenas, y además se han encontrado con "problemas" como "la imposibilidad inicial de conseguir EPI" y de realizar test, lo que hizo que "muchos profesionales enfermasen".

Por eso, ha recalcado que el "terrible balance de fallecidos" procede de varios factores confluyentes, como la "gran población en centros residenciales, el elevado envejecimiento y dependencia y la elevada afectación del virus en Castilla y León", en este punto, ha mencionado que la proximidad a Madrid ha sido un factor desencadenantes, pues "no ha sido la misma incidencia en el centro de la península que en Galicia o Andalucía.

Ante todo ello, Carlos Raúl de Pablos ha recordado el compromiso ya mostrado por la consejera de Familia, Isabel Blanco, y por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para alcanzar un pacto en el que estén presentes las fuerzas políticas y los sectores implicados para "orientar y mejorar a atención residencial", buscando una mejor gestión. Eso sí, ha pedido no centrarlo todo en el debate "público o privado".

Así, ha apuntado que la tasa de incidencia del virus en residencias públicas ha sido "muy similar" a la de los centros privados, aunque éstos son muchos más y ofrecen muchas más plazas --68 por ciento privadas y 32 por ciento públicas o concertadas--.

De Pablos también ha defendido que no se excluyó a las personas de las residencias del traslado a hospitales, y ha recordado que más de la mitad de las personas que perdieron la vida con coronavirus confirmado se encontraban ingresadas en un centro sanitario.

Todo ello, ha recordado el gerente, se ha acompañado de un sistema de monitorización para tratar de adelantarse y tener clara la situación. Así, ha recordado la clasificación de los centros según la gravedad de la situación, de cara a tomar medidas. Actualmente, ha recalcado, un 74 por ciento de los centros residenciales de la comunidad se considera ya "libre de COVID-19".

Las medidas extraordinarias han llegado hasta el punto de que la Administración regional ha intervenido en seis centros residenciales, en Adrada de Haza (Burgos), Ciudad Rodrigo (Salamanca), Briviesca (Burgos), dos centros en La Fuente de San Esteban y otro en Caboalles de Abajo (León), que es el único en el que ya se han levantado las medidas.

Además, en otras residencias, ha explicado que se llevaron a cabo acciones intermedias como el traslado a otros centros para "garantizar su integridad" de personas que se habían dado negativo en los test y se encontraban en residencias gravemente afectadas. En esta situación se ha trasladado a 27 residentes.

Igualmente, ha destacado las medidas de refuerzo de personal, ante la situación en la que muchos centros han sufrido un volumen importante de bajas, con lo que se trataba de cubrir "urgentemente" con personal para garantizar la atención. Así, se firmaron 677 contratos y se asignó a este área a 139 empleados públicos de otras consejerías.

El reparto de material de protección, que en las primeras semanas fue "muy complicado", se ha podido garantizar una vez se generó un suministro adecuado. Así, a fecha de 24 de mayo, se han repartido a los centros residenciales 3,4 millones de mascarillas, 1,6 millones de guantes, y otros 668.000 elementos de protección.

Eso sí, ha apuntado que los centros deberían plantearse ya la posibilidad de buscarse el suministro de material individualmente, antes que esperar al apoyo de las administraciones. También ha abierto la puerta ha crear un depósito de EPI a nivel regional.

También ha destacado que la Gerencia ha gestionado intervenciones de desinfección en 617 centros residenciales, aproximadamente la mitad del total existentes.

De Pablos ha recordado las medidas de desescalada "interna" anunciadas por la consejera la pasada semana, y en cuanto a la "externa" ha recordado que cuando se llegue a la fase 2 se permitirán visitas "muy restringidas" a centros de discapacidad, y ya en la fase 3, a residencias de mayores.

AYUDA A DOMICILIO

En otro orden de cosas, el gerente ha recalcado que el trabajo para la desescalada, en lo relativo a la gerencia, da por hecho que llegará una "avalancha" de solicitudes de acceso a servicios de teleasistencia o ayuda a domicilio por las muchas valoraciones que estaban pendientes y por las 6.800 personas que se dieron de baja del servicio "por miedo".