Facua ha denunciado finalmente a la multinacional Colisée Homecare SL por implementar una tasa Covid de 85 euros mensuales adicionales a los usuarios de sus residencias de mayores. Así lo ha anunciado a través de una nota de prensa después de que saltara la polémica por la que el grupo se defendía aludiendo que se trataba de un pago "voluntario y temporal".
Según indican, los escritos han sido presentados ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo para que coordine acciones con los diferentes servicios de consumo autonómicos, ya que la empresa posee centros por todo el territorio nacional, de los que once están en Castilla y León y la mayoría en Salamanca, y ante la Agencia Catalana de Consumo, al tener Colisée su sede social en España en Reus.
Como recuerdan, el grupo anunció este importe durante la semana en una carta en la que avisaban de esta aportación adicional hasta diciembre de 2020 y de manera discrecional.
Ante ello, recuerda Facua, el Ministerio de Consumo, tras la petición de la asociación, emitió una nota informativa el pasado 11 de junio en la que indicaba que la aplicación de este tipo de tasas podría incurrir en una cláusula abusiva, tal y como establece la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, puesto que "se trataría de la imposición al consumidor y usuario de un servicio no solicitado y no susceptible de aceptación o rechazo por su parte".
La nota del Ministerio continúa señalando que "las medidas de higiene, desinfección, prevención o acondicionamiento exigidas a los establecimientos y locales con apertura al público durante la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 no son de cumplimiento potestativo por su parte, sino que les resultan de obligado cumplimiento de acuerdo con la normativa vigente", por lo que "no son servicios accesorios opcionales sobre los que el consumidor o usuario tenga capacidad de aceptación o rechazo".
Indican, además, que el propio Colisée también se puso en contacto con ellos para asegurarle la voluntariedad de la aportación, aunque consideran que en el comunicado hecho público no se menciona este carácter voluntario. Además, inciden, la empresa recoge en este comunicado que "en la próxima factura incluiremos una aportación adicional", lo que resulta contradictorio con su argumento de que es "voluntaria" y puede llevar a confusión a los usuarios al pensar que deben abonarla obligatoriamente.
Citando el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, insisten asimismo que son cláusulas abusivas "la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados" y "los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación".