Los profesionales sanitarios suspenden la actuación del Ministerio de Sanidad y consejerías durante la pandemia

El 57 por ciento de los encuestados afirman que en sus centros se establecieron criterios para limitar el esfuerzo terapéutico

Los profesionales sanitarios coinciden en que lo que mejor ha funcionado durante la pandemia de la Covid-19 ha sido su actuación frente a esta crisis sanitaria y el trabajo en equipo, mientras señalaban a la Consejería y al Ministerio de Sanidad como "lo que peor ha funcionado", dándoles de nota un 3,6 y 4,3, respectivamente, lo que supone un suspenso en el desarrollo de sus actuaciones.

Además, prácticamente por unanimidad en su respuesta el 86 por ciento de los profesionales consideran que las Consejerías actuaron con retraso, mientras que 92 por ciento hace ésta afirmación también refiriéndose al Ministerio de Sanidad. Asimismo, un 24 por ciento afirma que el ámbito político hay funcionado mal, en referencia al Ministerio de Sanidad, CCAA, y coordinación entre ambas instituciones, así como a los "políticos" en general.

Estos son algunos de los datos que se desprenden del informe 'Los Profesionales Sanitarios Frente a la COVID-19. La reforma necesaria del Sistema Nacional de Salud' elaborado por la Fundación IMAS y dado a conocer este martes, que recoge las experiencias, evaluaciones y propuestas de casi 2.500 profesionales sanitarios sobre la crisis del coronavirus en España.

Por otro lado, la encuesta ponen de manifiesto una gran falta de previsión, ausencia de recursos y una alta tasa de infección entre los profesionales sanitarios, sobre todo en enfermería. El 86 por ciento de los profesionales sanitarios encuestados desconocía la existencia de un plan de contingencia contra pandemias en su centro sanitario. El 31 por ciento de los profesionales no dispuso de equipos de protección suficientes cuando los necesitó; del 69 por ciento restante, más de la mitad (54 por ciento) lo dispuso posteriormente a las dos semanas después de la Declaración del Estado de Alarma.

El 71 por ciento de los profesionales que participaron en el cuestionario opinan que no hubo recursos suficientes para identificar a los profesionales contagiados por COVID-19. La tasa de contagio por COVID-19 entre los profesionales sanitarios estimada en esta encuesta es del 16,4 por ciento, alcanzando el 26 por ciento entre las enfermeras con atención directa a paciente con COVID-19. Por otro lado, el 73por ciento de los profesionales opina que faltaron recursos para el diagnóstico de la COVID-19 en pacientes sospechosos.

LIMITACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO
El estudio también muestra una gran capacidad de adaptación de los centros sanitarios, quienes elaboraron protocolos para evitar el contagio de los profesionales (71 por ciento) así como para el manejo de pacientes con sospecha de COVID-19 en colaboración con distintas unidades del centro (83 por ciento), aunque las medidas se tomaron ya avanzado el Estado de Alarma, casi en la mitad de las ocasiones en ambos caso).

Por otro lado, el 78 por ciento de los profesionales afirman que se crearon protocolos de derivación desde atención primaria o urgencias a otros centros (el 61 por ciento posteriormente a las primeras semanas del Estado de Alarma) pero la derivación no incluyó a la Sanidad privada en el 58 por ciento de las respuestas.

Otro hecho destacable es que el 57 por ciento de los encuestados afirman que en sus centros de trabajo se establecieron criterios explícitos de limitar el esfuerzo terapéutico (no ventilación mecánica/cuidados intensivos) basados en la disponibilidad de recursos y las características del paciente (edad, comorbilidades, etc.). En la mayor parte de los casos no se contó con el Comité de Ética del centro o se desconocía este hecho.

Por último, cabe destacar el impulso de la utilización de la telemedicina (82 por ciento de respuestas) y el trabajo en equipos multidisciplinares (68 por ciento).

PROPUESTAS DE CARA AL FUTURO
Las propuestas de los profesionales sanitarios en relación con la asistencia actual apuntan exactamente una asistencia centrada en la salud pública y comunitaria. Además, reclaman una reorganización de la asistencia para atender distintos grupos de pacientes y la realización de test a sospechosos de contagio para la detección precoz de infectados, entre otros aspectos.

Las conclusiones del informe están en la línea de trabajos previos de la Fundación IMAS, donde se señala que es necesario despolitizar la gestión de los servicios sanitarios e incluir a los profesionales y a los pacientes en el proceso de toma de decisiones sobre política sanitaria, y dar a los centros sanitarios y a los equipos multidisciplinares mayor autonomía de gestión.

Asimismo, se propone potenciar la gestión por procesos asistenciales, mejorar la coordinación en el Sistema Nacional de Salud y entre la atención primaria y el hospital, prestar atención a la salud comunitaria y basar las decisiones sobre política sanitaria en la evidencia científica (medición y evaluación de resultados).