Cada año los veterinarios de Castilla y León recomiedan para que la vacuna de las mascotas contra la rabia sea obligatoria, tal como ocurre en la mayoría de comunidades españolas. Una demanda que ahora se cimienta en el riesgo potencial que supone la llegada de animales de compañía que huyen con sus dueños de la guerra de Ucrania el país de Europa donde está más presente esta enfermedad que puede llegar a transmitirse a los humanos

Si bien, desde la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios apuntan que a la hora de aplicación del plan se está generando un problema importante de gestión ya que “la mayoría de las Comunidades Autónomas están comprometiendo, literalmente, a los centros sanitarios veterinarios privados (CSV), convirtiéndolos en responsables al volcar todo el trabajo efectivo de atender a los animales (identificación, vacunación, extracción de muestras de sangre, envíos a los laboratorios, incluso induciendo, en algunos casos, la realización de la cuarentena contemplada de 3 meses en sus instalaciones)”.

La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) apunta que su deber como agentes sociales del ámbito de la salud es también velar por la protección y mejora de la salud pública comunitaria, incluyendo en ella, por supuesto, la salud laboral de sus facultativos y el resto de los trabajadores del sector.

Esta situación "crea a los centros sanitarios veterinarios un inmenso problema de gestión de riesgos laborales y de responsabilidad civil y penal en caso de aparición de un caso positivo de rabia, enfermedad con un 100 % de mortalidad en animales y personas", denuncian.

“El derecho a la protección de la salud de la población española está sólidamente recogido en la Constitución y en toda la legislación sanitaria, y recayendo la responsabilidad de su aplicación y defensa en las diferentes administraciones sanitarias del Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales. Sin embargo, en esta ocasión ha sido una administración no sanitaria, como es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), quien, proclamándose como interlocutor de la Salud Pública de forma unilateral, ha creado un protocolo de actuación contemplando que los Servicios Oficiales Veterinarios (SOV) de las comunidades autónomas de destino son los responsables de llevar a cabo todas las medidas de mitigación de riesgo contempladas en el plan y que pueden ejecutarlas en colaboración con otras administraciones competentes o ‘con entidades privadas o profesionales sanitarios que prestan su colaboración voluntariamente y sin ánimo de lucro’”, señalan desde CEVE (Confederación Empresarial de Veterinaria Española).

Y así lo reconoce el propio protocolo que dice literalmente: “el riesgo cualitativo de los animales de compañía que pueden llegar acompañando a sus dueños sin asegurar el cumplimiento de los requisitos habituales es muy elevado, y dependiendo del número de refugiados que accedan a nuestro país en esta situación, hará que el riesgo cuantitativo pueda incrementarse de forma considerable. Por tanto, la evaluación preliminar es de riesgo alto”.

Mensaje a Sanidad

Por su parte, CCOO ha enviado una pregunta con carácter de urgencia al Ministerio de Sanidad para ver si toman cartas en el asunto ante tan delicado escenario, al considerarlo una cuestión de salud laboral y salud pública. A la vez y con intención de remarcar su necesidad y urgencia, ha enviado una circular a sus delegaciones territoriales para que sigan la misma línea y eleven la pregunta a sus correspondientes interlocutores públicos autonómicos en materia de Sanidad.

En este sentido, los agentes sociales exigen a las comunidades autónomas que asuman su responsabilidad y que sean los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública los que lleven a cabo preferentemente todas las medidas de control sanitario frente a este riesgo sanitario, desde la identificación, vacunación, toma de muestras y envío al laboratorio, desparasitación con tenicidas, hasta la realización de las correspondientes encuestas epidemiológicas, y en el caso de que soliciten colaboración a los veterinarios clínicos privados, les faciliten las instalaciones y medios necesarios para que los facultativos veterinarios puedan desarrollar su labor en un entorno seguro y con todas las garantías para la máxima protección de la salud pública comunitaria.

“Actuando de este modo se evita, entre otras cosas, la mezcla innecesaria que podría darse en las recepciones de los CSV entre los animales nacionales y sus dueños, y los procedentes de Ucrania que todavía no hayan pasado la cuarentena correspondiente, siendo una medida muy lógica y económica de disminución del grave riesgo para la salud pública de una posible transmisión y de todas las medidas posteriores para manejar un brote”, indican desde CEVE.

Además, afirman que “la mayoría de veterinarios sigue desconociendo el qué, el cómo y el dónde hay que notificar los casos de los que sean conocedores, por tanto, se exige con urgencia que se les transmita el contacto directo del organismo sanitario autonómico designado para ello, ya que este procedimiento es el único al que se les obliga en el protocolo y es lo que impide, por el momento, el poder cumplirlo”.