La asociación ‘El Defensor del Paciente’ sigue con su particular cruzada con las medidas próvidas anunciadas, pero todavía no puestas en marcha por la Junta de Castilla y León. Si hace unos días exigió la dimisión del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, hoy ha pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, requisar los protocolos de interrupción de aborto de Castilla y León y Madrid por entender que “están tratando este tema como si de un juego se tratara”. Un protocolo del que nada se ha vuelto a saber en los últimos días.

La presidenta Carmen Flores señala en la carta enviada, y a la que ha tenido acceso este periódico, que “la falta de respeto de decisión y de intimidación es un delito que solo ustedes pueden abordar” ya que subrayaron que “la ley se debe cumplir” y esta dice, remarcaron, que “los abortos en la sanidad pública y excepcionalmente en privado que está preparado, no pone que un hospital se pueda negar y si se niega está incumpliendo la ley, alegar objeción es de un médico determinado y con tiempo firmado”.

Para hacer esta petición se fundamentan en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público y por ello tenemos que denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal.