Satse Castilla y León ha exigido a la Junta que aumente el precio del kilometraje de sus empleados, aprobado por el Gobierno de España, hasta los 0,26 euros. El BOE publicaba el pasado lunes esta subida y una modificación de las cotizaciones de IRPF por esta indemnización.
Un hecho que Satse valora "muy positivamente" puesto que este cambio supone que "cuando a un trabajador se le indemnice por usar su vehículo propio, ese abono hasta los 0,26 euros por kilómetro no va a estar sujeto a retención por IRPF".
De este modo, han pedido a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León la "equiparación inmediata a la indemnización que perciben las enfermeras y el resto de empleados públicos de la Comunidad".
Un aumento que fue publicado este pasado lunes por el BOE. Añaden que uno de los colectivos más beneficiados por este cambio en la tributación es el de las enfermeras y enfermeros que trabajan en el ámbito rural de Castilla y León, "una de las comunidades con mayor dispersión geográfica de la población, que utilizan sus vehículos propios y que abonan ellos mismos la gasolina para desplazarse entre consultorios locales y acudir a los domicilios de los pacientes, llegando a hacer hasta un millón de kilómetros al año".
Recuerdan que el pasado mes de febrero, tras 18 años, recaudaron más de 2.000 firmas de profesionales sanitarios recogidas por Satse y entregadas al Gobierno autonómico exigiendo la revalorización de ese precio; lo que supuso un incremento hasta los 0,23 euros. Una cantidad que consideran "claramente insuficiente, ya que no cubre todos los gastos que conlleva el poner el vehículo a disposición de la Administración". Además, recuerdan que a mayores, "esos cuatro céntimos de subida estaban sujetos a retención de IRPF".
Por este motivo, desde el Sindicato de Enfermería han solicitado de forma urgente a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León la equiparación inmediata de la indemnización que cobran las enfermeras y resto de empleados públicos de la Comunidad con los del ámbito estatal. Se trata de evitar, según Satse, que "se produzca cualquier tipo de discriminación entre empleados públicos en función de la administración para la que trabajan".
Una reivindicación a la que también se ha unido CSIF. Para el presidente del sindicato "no tiene ningún sentido que la Junta de Castilla y León siga manteniendo 0,23 euros/kilómetro para sus trabajadores, cuando el Gobierno ha aprobado 0,26". Algo que considera que sería un "nuevo agravio comparativo para los empleados de la Administración autonómica".
Por ello, han remitido un escrito a la Consejería de Presidencia en la que urge que se lleve a cabo dicha equiparación.