El Defensor del Paciente ha hecho público su informe 2023 en el que Castilla y León vuelve a recibir un tirón de orejas. En total han sido 714 denuncias ante esta asociación, lo que supone que la Comunidad sea la quinta comunidad autónoma con un mayor número de denuncias. Ahora bien, es cierto que se ha registrado una bajada del 6,5% con relación al pasado año. Aunque las denuncias siguen por encima de la media de la última década que se sitúa 653.

Por provincias, es Valladolid con 245 denuncias la que más ha recibido, con León en segunda posición con 158, Burgos ha tenido 86 denuncias, Salamanca 78, Segovia 41, Ávila, una menos, 40, Palencia 30, Zamora 25 y cierra Soria con 11.

Mientras que los hospitales con más denuncias son Hospital Clínico Universitario de Valladolid en primer lugar, el Complejo Asistencial Universitario de León, en segundo. Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, Hospital Universitario de Burgos – HUBU y Complejo Asistencial Universitario de Salamanca cierran la lista.

Por último, por especialidades son las que más quejas reciben: Cirugía general, Lista de espera, traumatología, Urgencias y Ginecología y obstetricia. En el informe también se critica la situación de la lista de espera quirúrgica con 34.169 personas y una demora media de 103 días, siendo las cirugías que acumulan un mayor número de pacientes: cataratas, hernia inguinal, artroscopia de rodilla y deformaciones en los dedos.

Donde no aprueba el sistema sanitario de Castilla y León es en algunas medidas tomadas. Por ejemplo, en referencia al plan de choque que aprobó la Junta con una partida de más de tres millones de euros destinados a ‘peonadas’ para reducir las listas de espera de los hospitales más exigidos: Salamanca, Soria y el Clínico de Valladolid. Además de rechazar la medida, puesto que no va acompañada de la contratación de nuevos profesionales, argumenta que la decisión de la Junta demuestra el déficit estructural de personal que sufre la Comunidad, con el agravante de que, al ser una región con la población tan dispersa, las zonas rurales son las que más sufren el desequilibrio de médicos y enfermeras, pues la atención es itinerante y discontinua.

Al mismo tiempo, también se critica el “despropósito” de Sacyl de contratar médicos sin la especialidad de ‘Medicina Familiar y Comunitaria’, medida que ha provocando el clamor y la indignación de muchos profesionales, “puesto que es una práctica ilegal y entraña un desprestigio y una desmotivación para los MIR que se están formando en dicha especialidad. Y no digamos el riesgo que conlleva en la atención de los usuarios”.