La Audiencia Nacional, a través del juez Francisco de Jorge, ha admitido finalmente la querella de la Fiscalía contra las tres empresas que fabricaron, comercializaron y vendieron el producto Ala Octa para las operaciones de retina. Y que vio cómo por esta situación varios usuarios de este medicamento tuvieron problemas de visión. Este medicamento se usó en el Río Hortega, y aunque hubo varios afectados, cuatro casos llegaron hasta los tribunales.

La querella se dirige contra la empresa alemana Alamedics GmbH&Co KG (fabricante del producto), BSI Group Deutschland (entidad certificadora) y la comercializadora con sede en Barcelona W.M. Bloss SA, como responsabilidad civil. Ha sido admitida por delitos de lesiones graves y contra la salud pública y que se basa en una denuncia de la Asociación del Defensor del Paciente.

El magistrado indica, según el documento al que ha tenido acceso este periódico, que los delitos que se van a investigar son competencia de la Audiencia Nacional y que las víctimas son de nacionalidad española por lo que recae la competencia en este órgano judicial.

En su resolución, el instructor solicita a la Agencia Española del Medicamento Productos Sanitarios (Aemps) el listado de todas las personas afectadas en los casos notificados y que se han estudiado en el análisis clínico de ese organismo. Requiere también la indicación del centro sanitario donde a cada uno de esos pacientes se les aplicó el Ala Octa.

De Jorge acuerda, además, remitir el informe de la Aemps al médico forense para que elabore un dictamen sobre el tiempo máximo en el que puede considerarse que se ha producido la estabilización de las distintas lesiones con objeto de tener una primera valoración sobre el plazo de prescripción.