Los logopedas son profesionales sanitarios que en los tiempos que corren son más necesarios que nunca. Es la profesión que tiene como objetivo prevenir, detectar, diagnosticar e intervenir en los trastornos de la comunicación, pero lejos de lo que se puede pensar, no solo se ocupa de problemas en niños que no saben pronunciar fonemas, no. La logopedia se ha convertido esencial en enfermos de Covid que han tenido que ser entubados, en personas que han sufrido ictus o accidentes de tráfico que han provocado deficiencias en su forma de comunicarse.

Por eso, llama mucho la atención que en Castilla y León solo haya 18 logopedas en la sanidad pública. 18 para todos los hospitales de la Comunidad y ninguno en centros de salud. Una situación que se viene denunciado desde hace tiempo por parte del Colegio de Logopedas de Castilla y León, ya que es “una situación precaria” y que ahora ha tenido la confirmación por parte del Procurador del Común. Este órgano manda un mensaje claro a Consejería de Sanidad de la Junta: “la creación de más plazas de logopedas en los centros hospitalarios y la incorporación de los profesionales de logopedia en los centros de salud”.

Según los últimos datos del INE la ratio en España es de 19,12 logopedas colegiados por cada 100.000 habitantes, una cifra que se encuentra muy alejada de la que presentan otros países de nuestro entorno, como Francia (38,2 logopedas por cada 100.000 habitantes), Alemania con 45 o Italia con 33 logopedas. Cifras, que en el caso de Castilla y León son aún peores, ya que se sitúan en 14,77 logopedas por cada 100.000 habitantes.

Esta falta de profesionales se aprecia en mayor medida en la sanidad pública. La logopedia está incluida en la cartera de servicios de la sanidad pública pero su presencia es muy reducida. En el caso de la Comunidad de Castilla y León, el número de profesionales en la sanidad pública es de 0,64 por cada 100.000 habitantes, según el Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León y la plantilla orgánica en Sacyl, de acuerdo con la información remitida por la Consejería de Sanidad, cuenta con esos ya famosos 18 logopedas.

Verónica Martínez Mata es la presidenta del Colegio Profesional de Logopedas de Castilla y León. Ella explica cuál es la situación que está ocurriendo en la sanidad de la Comunidad. “Nuestra profesión es sanitaria por lo tanto los logopedas tenemos que estar en Sanidad. Lo que ocurre es que se concierta con clínicas privadas y se van renovando los contratos una vez al año. Como hay listas de espera desde que te envía el otorrino, pues si ese concierto no ha sido renovado pues te toca seguir esperando. Además, solo se cubren 38 consultas, cuando las acabas tienes que volver al otorrino y si no has terminado el proceso, pues otra vez a esperar”. En total, según Martínez este proceso se puede alargar en año y medio. También lamenta estos convenios con privadas, que, según sus estimaciones en Burgos por ejemplo es de 800.000 euros al año. “Eso en contratos de logopedas en nómina dan para muchos”, critica.

Las eternas listas provocan que muchas familias tengan que acudir al logopeda privado, y es aquí donde aparece el problema económico, ya que las sesiones son bastantes y el precio se eleva. “No todas las familias pueden pagarlo”, apunta Martínez, que afirma que el precio por sesión varía dependiendo del tratamiento, pero fija cada una en unos 35-40 euros. Aunque un tratamiento puede irse hasta las 40 sesiones por lo que podrían ser 1.600 euros. “El precio no se puede calcular porque no es lo mismo rehabilitar una R que no se pronuncia bien que una recuperación de nódulos o una persona que ha perdido el habla por un ictus”.

Más casos y pacientes

El Procurador del Común recuerda a Sacyl que “las dificultades y trastornos en la población de lenguaje y disfagia han aumentado en los últimos años y los mismos se manifiestan desde los neonatos hasta la geriatría, consideramos que debe hacerse el esfuerzo preciso para incrementar su presencia en la sanidad pública castellana y leonesa tanto, en los centros hospitalarios como en los centros de salud”.

En su resolución apunta a que la falta de logopedas en la sanidad pública compromete la calidad de vida de las personas que requieren de atención logopédica, debe haber una mayor presencia de logopedas, así como para dotar a las personas con trastornos de la deglución de un tratamiento que les permita poder deglutir de forma eficaz y segura”. Por este motivo, señala que sería recomendable que existieran logopedas en los servicios, por ejemplo, de otorrinolaringología, neurología, medicina física y rehabilitación, nutrición, pediatría, geriatría o salud mental de los hospitales públicos. Mientras que Verónica Martínez apunta a que “no pedimos un logopeda para cada centro de salud de Castilla y León, pero mínimo dos por hospitales y por centros con población considerable”. El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) incorporó a dos logopedas el pasado mes de noviembre.

Andalucía, 150 contratados



Algunas comunidades autónomas ya han empezado a dar pasos en este sentido. Concretamente, en mayo de 2023, la Junta de Andalucía anunciaba la creación de 150 nuevas plazas para logopedas en Atención Primaria (el 50% antes de julio de 2024 y el 100% antes de finales de 2024), gracias a un acuerdo alcanzado por la Consejería de Sanidad con los sindicatos. “Una medida que se habrá de traducir en una mejora del servicio y en la atención a los pacientes”, apunta el Procurador y algo que confirma la presidenta del colegio de logopedas: “Eso ha acortado las listas de espera”.



Además, la presidenta lamenta la falta de entendimiento de los partidos políticos a la hora de ponerse de acuerdo en estos temas. Martínez evoca que durante el covid su profesión sí se ha sentido reconocida al tener que tratar a muchas personas que tuvieron problemas de habla al tener que ser entubadas.



En resumen, como afirma el Procurador, “no contar con un número suficiente de logopedas en la cartera de especialistas del servicio de salud de Castilla y León tenía importantes consecuencias en la prestación del servicio y comprometía la calidad de vida de las personas que requieren de atención logopédica”.

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