El posible adiós a Muface y la llegada de 80.000 funcionarios a Sacyl va a provocar una "sobrecarga importante" en la sanidad pública de la Comunidad, tal y como ha avanzado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

La preocupación llegaba hace dos semanas cuando se conocía la ruptura de Muface con las aseguradoras privadas, cumpliendo así su advertencia ante la insuficiente oferta económica del Gobierno y dejando en tierra de nadie a 1,5 millones de mutualistas en España.

La situación es compleja y ni siquiera en el propio Gobierno se llega a un acuerdo. Por un lado, está la postura del Ministerio de Sanidad que proponía suprimirlo y que los funcionarios pasen a la sanidad pública en nueve meses. 

Sin embargo, desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública abogan por salvarlo con una licitación exprés que satisfaga a las principales aseguradoras que venían concurriendo al concierto sanitario.

Mientras tanto, y a la espera de que lleguen a la mejor solución, queda en el aire el futuro sanitario de más de un millón de personas.

Lo cierto es que, como la sanidad pública de la Comunidad deba absorber a 80.000 personas, el panorama puede complicarse aún más en un contexto donde ya la situación actual obliga a disminuir listas de espera.

Así lo ha expresado el propio consejero de Sanidad quien ha avanzado que, si los funcionarios lleguen a Sacyl, "es un clavo más que se pone en el sistema de salud". Y confía en que "impere la lógica y cordura" para "evitar una sobrecarga" en el sistema sanitario.

Además, ya ha anticipado que la Comunidad será "de las más concernidas" dado que la tasa de mutualistas con respecto a la tasa de tarjetas es la "tercera más alta del país".

En este sentido, Andalucía, Castilla y León y Extremadura serán quienes tengan que incorporar un mayor porcentaje de pacientes de 65 años, tal y como ha explicado Vázquez bajo los datos ofrecidos por el propio Ministerio.

"Superponen la ideología a las necesidades de las personas de Muface y del Sistema Nacional de Salud", lamentaba. Y criticaba el argumento de que deje de ser viable por el envejecimiento de las personas que lo componen. 

"Dicen que se cargan Muface porque aumenta la edad media de los mutualistas y los mandan a la sanidad pública por el mismo precio", expresaba con asombro el consejero.

Una situación que implicaría que, en caso de que el Gobierno transfiera lo que gastaba en los mutualistas, las comunidades autónomas tendrán importantes perdidas económicas.

"Para Castilla y León supondría un eleveado coste económico porque la cifra anunciada para hacerse cargo de los mutualistas verdareramente no llega ni a la mitad de lo que tiene el coste de un asegurado en la Comunidad", lamentaba durante su asistencia al Encuentro Nacional de Vacunas e Inmunizaciones.

En este sentido, ha criticado que Mónica García haya "evacuado" un informe "irrespetuoso hacia las comunidades", al hacerlo público a través de una red social. 

El consejero afirma que es un tema "importante" y que se debería haber reunido con las autonomías para explicar el mismo. "Es bastante flojo y débil, solo sirve de marco para colocar una situación ideológica absolutamente caduca en este momento", apostilló.

Por otro lado, recalcó que Muface depende del ministro Óscar López a quien acusa de haber estado "callado" porque "realmente estaba negociando presupuestos y no quería alteraciones".

Ahora, añade, "no le ha quedado más remedio que salir a la palestra y que imperase la lógica".

Finalmente, y ante la "importante sobrecarga" que el sistema puede sufrir, Vázquez confía en que "impere la cordura y que sigan ofreciendo y manteniendo los derechos".

Tanto en el caso de quienes están en Muface como de las personas que están en el sistema de salud pública de Castilla y León, "que también tienen derecho a tener unas demoras aceptables, por las cuales estamos trabajando".

Cuotas y listas de espera

Profesores, policías o inspectores de trabajo son algunos de los funcionarios afectados. Hasta ahora, pagaban una cuota anual dependiendo de su categoría. 

La más barata estaba en unos 294 euros y la más cara en 732. La media rondaba los 478. Una aportación que no solo incluía a los propios mutualistas sino también a los familiares. 

En relación a las provincias que se podrían ver más comprometidas, destacan Valladolid y León -por su número de habitantes-. Serían 22.255 y 18.471 mutualistas. 

Ávia, con 17.187, y Salamanca con 17.054 siguen muy de cerca a las anteriores ciudades. Por su parte, Burgos (10.021), Zamora (7.084) y Segovia (6.692) se mantienen en el medio de la tabla.

En relación con las provincias con menos volumen de mutualistas, destaca Soria con 4.433 y Palencia con 6.034.

Por ahora, Castilla y León está en vilo por el posible colapso sanitario al que se enfrentan. Cabe recordar las continúas quejas de los profesionales por los altos niveles de saturación del sistema.

En la Comunidad, según los datos publicados el 25 de octubre de 2024, la espera para poder ser operado estaba en 108 días. Lo que quiere decir que, si 80.000 personas más se unen a la sanidad pública, el tiempo será mucho mayor.

Tanto las aseguradoras privadas como el Ministerio tienen la obligación de dar respuesta a una situación que preocupa a más de un millón de españoles. Y, sobre todo, a las comunidades por el posible colapso de su sistema sanitario.