La Policía Nacional ha detenido en lo que va de año a casi 350 personas sobre las que recaían, en su mayor parte, diferentes requisitorias judiciales nacionales, y únicamente cuatro de ellas, tenían reclamaciones policiales.
Igualmente destaca la detención en Valladolid de un fugitivo de origen rumano y de 25 de años, reclamado internacionalmente, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por portar en la vía pública de su país de origen un arma catalogada como letal, sin la debida autorización, en el año 2016.
De manera sistemática, los juzgados de toda España emiten a la Policía Nacional órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión de personas que tienen pendientes causas con la justicia por la comisión de ilícitos penales y que, o bien no se presentan a los juicios, o bien no ingresan voluntariamente en prisión tras una condena, explican desde la Delegación del Gobierno a través de un comunicado remitido a Europa Press.
Entre los detenidos por reclamación durante el Estado de Alarma, se produjeron varias detenciones en los controles diarios que se realizaban de personas y de vehículos en la vía pública. En el periodo estival, se ha detenido a una persona con cinco reclamaciones judiciales teniendo vigentes tres ingresos en prisión.
Incluso en la labor diaria de las patrullas de Seguridad Ciudadana, se consiguió impedir la comisión de delitos de estafa, tras identificar a un individuo con cinco requisitorias vigentes que estaba siendo buscado por haber cometido esa tipología delictiva en cinco provincias de España y tenía decretado su ingreso en prisión. De ese modo, se pudo frustrar que el estafador con antecedentes continuara presumiblemente buscando víctimas para sus engaños.
En gran parte de los casos, los juzgados dictan órdenes de detención contra personas que estaban obligadas a comparecer como investigadas en un proceso penal y se negaron reiteradamente a acudir voluntariamente al tribunal correspondiente. Esto permite al juzgado instructor ordenar a la Policía Nacional que detenga a la persona citada por un delito de desobediencia para tomarle declaración.
Merecen especial mención supuestos en los que el reclamado se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas sin portar la mascarilla preceptiva y teniendo vigente un ingreso en prisión. Otro de los detenidos se encontraba alojado en un hotel de Valladolid y fue localizado por tener cuatro requisitorias judiciales, siendo dos de ellas de ingreso en prisión.
Otra intervención anécdotica de los agentes fue la de un taxista que requirió presencia policial por el impago de un servicio de desplazamiento y tras la identificación del pasajero, tuvo que ser detenido para presentarlo al juzgado instructor por una requisitoria de un delito contra el patrimonio.
Estas personas, tras ser localizadas y detenidas por los agentes, son trasladadas a un Grupo de la Policía Nacional de Valladolid el cual, realiza entre sus funciones asignadas, los trámites oportunos en la puesta a disposición judicial de las personas reclamadas por la Justicia para el cumplimiento de las penas o medidas que les correspondan.
En el caso del reclamado internacionalmente por incumplir en Rumanía las normas sobre armas y munición, fue detenido para la ejecución de una pena privativa de libertad. Llevaron a cabo las gestiones los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid y fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, concluye el comunicado.