La Guardia Civil, en el marco de la Operación 'Troppo', ha desarticulado un grupo criminal y detenido en Burgos a seis personas, con edades comprendidas entre los 21 y los 62 años, presuntamente dedicados a introducir droga en el Centro Penitenciario burgalés, según informaron fuentes del Instituto Armado.
El origen de la Operación se remonta a marzo de 2020, cuando funcionarios de la Unidad canina del Centro Penitenciario de Burgos detectaron en el recinto de la prisión un envoltorio que contenía dos trozos de hachís, así como una tarjeta SIM de telefonía cuya tenencia está prohibida en el interior del penal. Los guardias civiles encargados de la investigación llevaron a cabo numerosas pesquisas para averiguar el origen de la tarjeta SIM, ya que había sido dada de alta a nombre de una mujer residente en Burgos usurpando su identidad.
Es práctica habitual de las organizaciones delictivas relacionadas con el narcotráfico el utilizar teléfonos con titularidades usurpadas o incluso en algunos casos ficticias, como medidas de seguridad para poder realizar las actividades ilícitas con total anonimato, dificultando las labores de identificación de los usuarios reales de los terminales.
Sin embargo, la pericia de los investigadores les llevó a la identificación de los individuos que estaban cometiendo el delito de tráfico de drogas bajo identidades usurpadas en sus comunicaciones, y que mantenían un "punto de conexión" común en el interior Centro Penitenciario de Burgos.
En las vigilancias efectuadas sobre los domicilios que usaban se observaron indicios de que, además de traficar con drogas, también llevaban a cabo actividades de cultivo ilícito de cannabis en varios lugares.
Los guardias civiles procedieron a la detención de las seis personas que componían la organización criminal, y solicitar orden judicial para la entrada y registro en dos viviendas. Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, usurpación de identidad, falsedad documental y cultivo ilícito de cannabis.
En los registros domiciliarios se pudo observar que parte de la vivienda se dedicaba exclusivamente al cultivo de cannabis, donde se intervinieron numerosos efectos necesarios para el cultivo y tráfico de esta sustancia, como una báscula de pesaje, plantas cultivadas en macetas... y en el interior de una caja fuerte un total de 11.350 euros en billetes de diverso valor.
Además de la aprehensión de diverso material probatorio del delito de tráfico de drogas, y de la introducción de los estupefacientes en el Centro Penitenciario, se intervino el DNI que había extraviado una joven burgalesa, con el que habían dado de alta numerosas líneas telefónicas usurpando su identidad. Precisamente una de estas líneas telefónicas había dado origen a la operación.
La recuperación del Documento Nacional de Identidad extraviado, que usaban para contratar servicios de telefonía con fines delictivos, adquiere gran importancia, supone graves perjuicios a la persona que sufre la puesta a su nombre de contratos de servicios, y, en consecuencia, las ulteriores responsabilidades económicas y contractuales que pudieran devenir de dicha relación.
Cultivo de cannabis
Las vigilancias habían puesto de manifiesto además que los detenidos llevaban a cabo cultivo de cannabis sativa de tipo 'outdoor' en una plantación ubicada en las cercanías de una pequeña localidad burgalesa, por lo que los guardias civiles procedieron a desmantelarla e incautar las plantas cultivadas.
La importancia de esta investigación deriva, entre otras cosas, en el destino de la droga, ya que se introducía en una prisión, lugar de especial sensibilidad y vulnerabilidad cuyo fin último es la rehabilitación social de los condenados.
Los detenidos se favorecían para la introducción de sustancias estupefacientes en el interior del Centro Penitenciario de líneas telefónicas que hacían llegar a los presos para que pudieran comunicarse de manera encubierta con ellos, y con otras personas del exterior.
La operación finalizó con la inspección de dos locutorios ubicados en Burgos capital, donde se habían dado de alta irregularmente las líneas telefónicas.
En estas inspecciones, en las que participaron guardias civiles especialistas en Servicio Fiscal, se efectuaron 23 denuncias administrativas.
Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron remitidos al Juzgado de Instrucción Nº2 de Burgos, que dirigía la investigación.