Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria han investigado a dos vecinos de la localidad de Aniñón (Zaragoza), de 25 y 28 años, como supuestos autores de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, por, presuntamente, cazar un corzo macho sin ningún tipo de autorización.
Según informa la Subdelegación del Gobierno en Soria, los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio en el coto de caza de la localidad de Cihuela (Soria).
Estas dos personas fueron sorprendidas por un socio del referido coto circulando con un todoterreno desde el cual, con un potente foco, localizaban a los animales para, posteriormente, abatirlos con armas de fuego. De esta manera, supuestamente, consiguieron cazar un ejemplar de corzo macho.
Una vez sorprendidos, los cazadores furtivos emprendieron la huida campo a través abandonando en el lugar el cadáver del corzo muerto. Pero el testigo de los hechos pudo observar claramente tanto la matrícula como el modelo de vehículo utilizado.
A la vista de esta información, la Guardia Civil inició las investigaciones al objeto de esclarecer los hechos e identificar a los supuestos autores de los mismos. Se instruyeron por todo ello las correspondientes diligencias penales que serán remitidas al Juzgado Decano de Soria y copia a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria.
A su vez, por estos hechos se van a formular denuncias ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, por infracciones administrativas a la normativa sobre caza, por cazar en un terreno cinegético sin autorización del titular del mismo.
Delito tipificado en el código penal
Es la segunda vez en este mes que por parte de la Guardia Civil de Soria se investiga por delito de caza a cazadores furtivos, ya que la semana pasada se investigó también a dos vecinos de la localidad de Ágreda por unos hechos similares.
Este tipo de delito está castigado en el Código Penal con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para ejercicio del derecho a cazar por tiempo de dos a cinco años.
En cuanto a las infracciones administrativas, se enfrentan a infracciones graves a la Ley de caza de Castilla y León, cuyas multas van desde los 2.000 a los 10.000 euros, con la posibilidad incluso de la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años.