La identificación forense es infalible, la memoria no

"Es una pena". Con esta frase resume la catedrática de Biología Celular de la Universidad del País Vasco Marian Martínez de Pancorbo sus sentimientos tras el estudio que su grupo, BIOMICs­, publicó en septiembre en la revista Forensic Science International: Genetics.

En el trabajo se detallan los resultados de más de seis años de investigación, que han supuesto todo un éxito científico pero un fracaso relativo a nivel práctico. Durante ese tiempo, los investigadores analizaron restos encontrados en 26 fosas comunes distribuidas por todo el norte de España. Los huesos localizados pertenecían a "al menos" 252 personas, según demostró el análisis antropológico.

A partir de ahí el trabajo se dividía en dos patas, según explica Martínez de Pancorbo a EL ESPAÑOL. Por un lado, su laboratorio tenía que asignar un perfil genético a cada uno de los restos. Una vez conseguida esta parte, había que compararlo con el de un familiar vivo, con el objetivo de darle nombre y apellidos. 186 familiares de represaliados en la Guerra Civil fueron analizados.

El peso del tiempo

Para la primera fase, la ciencia es vital. El avance de la genética forense en los últimos 10 años ha permitido un desarrollo espectacular. Se trata de analizar ADN muy degradado, ya que ha pasado mucho tiempo. Antes, explica la investigadora, había que recurrir al ADN mitocondrial, fuera del núcleo de la célula, ya que al haber más copias de este ADN en las células era más fácil conseguir alguna menos afectada por la degradación, es decir, menos "estropeada".

Esto permitía muy buenos resultados, pero tenía una gran pega: el ADN mitocondrial solo se transmite por vía materna. Así, sólo a través de familiares por línea materna, por ejemplo un hermano o una hermana, se podía poner nombre y apellidos a ese resto.

"Gracias a que las técnicas de extracción, purificación y análisis han mejorado ya se puede analizar el ADN nuclear, ahora se puede extraer ADN del cromosoma Y y usarlo para identificar descendientes por la línea paterna, lo que amplía las posibilidades", comenta la bióloga.

De esta forma, los científicos contaron durante su trabajo -financiado por el Gobierno vasco- con las más avanzadas técnicas para dotar de perfil genético a los restos hallados en las fosas comunes.

El éxito fue incontestable. Se consiguió asignar dicho perfil a un 85,7% de los huesos. Faltaba cruzar lo que dictaba el análisis genético con un nombre y un apellido. "Contábamos con 186 familiares, personas que habían perdido a alguien en la Guerra y lo estaban buscando; lo lógico es que al menos hubiéramos identificado a esos 186", señala la directora del trabajo.

El jarro de agua fría

Fue en ese momento cuando llegó el jarro de agua fría. Sólo un 34,52% de los restos consiguió asignarse a alguno de los familiares, lo que supuso la identificación de únicamente 87 víctimas. 

"Desde el punto de vista científico es un asunto difícil; hay muchos problemas técnicos y, aunque se solventaran, seguiríamos viendo éste: que la memoria se acaba", comenta Antonio Alonso, experto en genética forense del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para Martínez de Pancorbo este fracaso se puede atribuir a varios factores. Por una parte, a la forma de identificar a los familiares que se estudian. "Hay dos vías, una es preguntando a la gente de los alrededores de la fosa común; la otra es cuando las personas afectadas constituyen una asociación para buscar a sus seres queridos y se ponen en contacto con nosotros".

Cambio de localización

Pero los familiares de los represaliados no siempre saben dónde fueron ejecutados sus muertos. Por otra parte, se sabe que tras la guerra, muchos de estos cadáveres fueron trasladados, precisamente para dificultar su identificación, como relatan los autores en la publicación científica.

Además, se puede dar otra circunstancia: que hayan ofrecido su ADN para estudio, pero lo hayan hecho a otros grupos. "No hay muchos especializados en genética forense, hay algunos de otras universidades, otros del Instituto Nacional de Toxicología y otros policiales", señala la autora principal, que apunta a que "compartir información" es algo muy importante y que desde su grupo se valora la creación de una página web que lo facilite.

Es un diagnóstico con el que coincide plenamente Alonso. "Nadie trabaja con una coordinación intensa en investigación de fosas en este tipo de instituciones, porque hacemos lo que nos solicita un juez o el ministerio fiscal", arguye. Es paradójico porque, afirma, en la genética forense "en general" sí hay buena coordinación y se cuenta con una comisión nacional para el uso forense del ADN. Pero no tienen ningún apoyo para utilizarlo en busca de estas identidades.

Hacer un llamamiento

El trabajo publicado en la revista científica desvela que hacen falta más familiares. Para solucionar este déficit, "se podría hacer un llamamiento" pero se trata de un procedimiento que tiene un coste "de alrededor de 150 euros". "Tal y como está la situación económica es impensable pedir ese esfuerzo a las familias, habría que tratar de conseguir una subvención, para que se les pudiera ayudar un poco a sufragar los gastos", señala la investigadora.

Las subvenciones fueron la principal prerrogativa de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 en España y hasta 2011 cubrió -en parte -procedimientos de este tipo, siempre centralizadas por entidades como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la primera que puso en marcha las exhumaciones con metodología científica.

René Pacheco, arqueólogo de la misma, apunta a una solución que podría haberse establecido desde la entrada en vigor de la Ley: la creación de un banco de ADN que permitiera comparar restos analizados y muestras de posibles familiares vivos. 

Porque el caso que describe el estudio de la universidad vasca dista de ser único. "Nosotros tenemos fosas que hemos tenido que vaciar de urgencia porque iba a pasar una canalización. Hicimos una exhumación y tenemos los restos en el laboratorio; sabemos que son ferroviarios, pero lamentablemente desconocemos su identidad. Lo curioso es que puede haber un familiar de una víctima de este sector que haya denunciado su desaparición a una asociación de Andalucía y que ésta no se haya puesto en contacto con nosotros", relata Pacheco. 

Viaje a Argentina

En este caso, no se ha llevado a cabo el complejo análisis genético descrito en el estudio de Forensic Science International: Genetics. La ARMH no permite que los familiares paguen un sólo euro por todo el proceso que, en su caso, concluye a 10.000 kilómetros de España, en Buenos Aires. "El Instituto de Antropología Forense nos dijo que quería ayudarnos y allí hacen las pruebas genéticas gratis, pero sólo mandamos muestras cuando tenemos un perfil que sepamos casi seguro que va a encajar", señala el arqueólogo. Esto es más fácil en este escenario, porque la ARMH sólo abre fosas cuando se lo reclaman familiares.

Dentro de unos años probablemente esto no tenga ningún sentido

Sin duda, el banco de ADN ayudaría a mejorar esta situación. "Creo que sería bueno que hubiera un proyecto nacional, podría incluso depender de una universidad; por encima de todo está la función humanitaria, la de devolver la dignidad personal y dar reparación a las víctimas", apunta Alonso, que añade: "Dentro de unos años probablemente esto no tenga ningún sentido, porque nadie va a reclamar nada, ya que la generación que tiene la memoria y que incluso ha convertido su vida en esa búsqueda, acabará muriendo".

Para que este banco sea una realidad, Pacheco apela a la voluntad política. Sus palabras no desprenden mucho optimismo. Según señala, en 2011 la Ley de la Memoria Histórica "se guardó en un cajón, aunque no fue derogada". Se dejó de dotar de fondos a las asociaciones y se suspendió cualquier otra iniciativa. 

Otras iniciativas

Porque el arqueólogo tiene más ideas sobre cómo encontrar a los parientes vivos de los represaliados. "En 2012 acudí al consulado chileno en Barcelona y allí me recibió un cartel con una imagen de una señora mayor que sostenía un clavel. El mensaje decía: 'Si tienes un desaparecido, da una muestra de sangre", relata Pacheco, que tiene clara la receta: el Estado debería decir a todas las personas que sospechan de parientes víctimas de la Guerra Civil que dejen su rastro genético en el banco de ADN, una vez que se estableciera. 

Y este hipotético servicio ¿podría servir también para las víctimas del bando que se sublevó? El arqueólogo destaca que "no ha recibido ninguna petición por esta parte" pero, señala, es posible que no haya necesidad. 

En abril de 1940, una resolución en el BOE valoró "desde el primer momento" a los asesinados por los republicanos. "Se les reconoció económicamente como víctimas y se les ofreció la posibilidades de exhumar las fosas y trasladar los restos al cementerio; en 1959, se les dio la posibilidad de llevarlos al Valle de los Caídos, donde estuvieron entrando cadáveres hasta 1994, año en el que ingresó el último", explica. 

Los expertos creen que queda poco tiempo para solucionar esta situación. Los años pasan y cada vez es más difícil analizar los restos encontrados. Además, no hay dinero para las exhumaciones y, aunque se solvente esto, faltan personas que reclamen a sus familiares. "Al final, se acaba la memoria", concluye Alonso.  "La pena es que estos restos ya están análizados genéticamente y sería muy fácil su identificación si se ayudara a los familiares a comparar su ADN", se lamenta por su parte Martínez de Pancorbo. 

La precaria y curiosa financiación de la Asociación

Mientras se espera a que los políticos decidan reactivar la Ley de Memoria Histórica y el dinero vuelva a fluir, las asociaciones han pasado unos años muy malos.  La pionera ARMH estuvo, según relata su arqueólogo, "a punto de cerrar en diciembre del año pasado". 

Lo que les salvó merece ser contado. Por aquella época, un sindicato de electricistas noruegos acudieron a Madrid a un congreso global de representantes de los trabajadores. "Escucharon nuestra situación y decidieron ayudarnos; lo curioso es que, de vuelta a su país, se juntaron con los representantes laborales de los ascensoristas, que también se sumaron a la causa", relata Pacheco. 

La aportación inicial de 6.000 euros se ha convertido en un compromiso de 20.000 euros anuales. Una cifra que se vio inesperadamente ampliada con la concesión en enero de este mismo año del premio de Derechos Humanos concedido por los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln (ALBA), dotado con 100.000 euros. Con estas aportaciones y las de sus socios, sobrevive la Asociación. Con ella lo hace también la memoria.