El Tribunal Supremo ha sentenciado que el Gobierno debe aprobar antes de seis meses la normativa necesaria para que se puedan actualizar los sueldos de 877 funcionarios titulares de organismos de investigación científica.



La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha estimado el recurso de una veintena de investigadores de organismos públicos contra la inactividad reglamentaria del Gobierno, que ha incumplido su obligación de desarrollar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.



Del desarrollo de esa norma, que el ejecutivo deberá tener listo antes de seis meses, depende una parte de las retribuciones de 877 funcionarios provenientes de la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos de Investigación que, con el sistema anterior a la Ley, no tenían complementos por méritos investigadores (quinquenios) y de excelencia científica del complemento específico (sexenios).



Los recurrentes, funcionarios de carrera, aducían que, a pesar de que la ley prevé que el nuevo régimen de carrera profesional y retributivo entraría en vigor el 1 de enero de 2014, la Administración no ha hecho lo necesario para ello.



El Gobierno no negó la inactividad, pero entendía que concurría una causa legal que no permitía el cumplimiento, concretamente las limitaciones de incremento de gasto público de las leyes de presupuestos para los años 2014 y 2015, normas que establecen un mandato explícito y general de estabilidad y control del déficit. Sin embargo, el Supremo aprecia que "la Administración incumple un claro deber legal".