El Gobierno da luz verde a la nueva Ley de Ciencia: las 3 claves de la medida estrella de Diana Morant

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de la Ciencia que busca reforzar la carrera profesional investigadora en España, dotando de mayor estabilidad al personal investigador y reduciendo las trabas administrativas. Además, la nueva norma pondrá el foco en la Igualdad, priorizando la "igualdad de oportunidades" de las mujeres en el acceso a una carrera académica, según ha destacado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Este texto modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 y pasará a continuación el trámite parlamentario, donde el Gobierno espera recabar "el máximo de los consensos". A ese efecto destaca que las asociaciones, sociedades científicas e investigadores a título individual han presentado más de 4.000 comentarios, "muchos de ellos sobre la indemnización a los predoctorales por finalización de contrato".

Tras estas últimas apreciaciones, se han incluido novedades a última hora. Así, la evaluación de la actividad investigadora pasará a extenderse a un período de cinco años y podrá computar en la retribución salarial. Estas condiciones se extenderán a todo el sistema público de ciencia y universidades, y los investigadores podrán presentar méritos alcanzados en el extranjero, una reivindicación fundamental de los científicos emigrados.

Nuevos contratos para investigadores

La nueva norma introduce una nueva modalidad contractual laboral indefinida vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación. Este contrato no necesitará autorización previa si dispone de financiación externa o de convocatorias de concurrencia competitiva.

Este tipo de contrato sustituye a los contratos por obra y servicio extendidos en el sistema científico español pero que desaparecen con la reforma laboral. El nuevo formato evitará que a partir del 30 de marzo de 2022 los investigadores queden en el 'limbo' hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia.

Estabilidad para los posdoctorales

Además, el texto diseña un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable. Los nuevos investigadores serán supervisados a partir del segundo año de trabajo, una evaluación que servirá para promocionar o mejorar su salario, pero no para ser despedido. La duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año.

Si supera la evaluación al segundo año, obtendrá una certificación como "investigador establecido". A partir de entonces, se les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades. En los Organismos Públicos de Investigación (OPI), será el 25% de las plazas.

Además, el nuevo texto fija que las situaciones de "incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista" interrumpirán tanto el cómputo del plazo límite de duración del contrato como de su evaluación.

Facilidades para la incorporación

Para los científicos más jóvenes, los doctorandos o investigadores predoctorales, la nueva ley reconoce el derecho a la indemnización por despido de 12 días de salario por año trabajado. Según había adelantado Morant, esto se extenderá a los contratos vigentes a la entrada en vigor de la nueva ley.

El texto apuesta asimismo por reforzar la transferencia de conocimiento y, entre otras medidas, reconoce que las actividades de transferencia de resultados de investigación deberán considerarse un concepto evaluable a efectos retributivos y de promoción.