Estas son las 17 ciudades 'guarras' que pueden costarle a España 46 millones de euros

La Comisión Europea ha llevado de nuevo a España ante el Tribunal Europeo de Justicia para tratar de frenar una situación que lleva alargándose desde hace década y media. Actualmente, 17 aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes no cuentan con un servicio de depuración de sus aguas residuales, contraviniendo la directiva 91/271. La CE propone castigar a nuestro país con una multa de 46.522.999 euros, a la que podría sumarse otra indemnización de 171.217 euros diarios "si no se logra el cumplimiento para la fecha en que el tribunal emita su segunda resolución".

España ya recibió una severa advertencia en 2011, cuando 37 municipios y zonas urbanas incumplían la legislación europea. Ahora, cinco años más tarde de esa amonestación y quince años más tarde del límite que la UE imponía para instalar un colector que gestionara las aguas residuales, 17 de ellas siguen en la misma situación.

"Para que España evite las sanciones, estas 17 aglomeraciones urbanas deberían asegurar que sus aguas fecales son adecuadamente recolectadas y tratadas antes de ser liberadas al medio ambiente", explica a EL ESPAÑOL Iris Petsa, portavoz de la Comisión Europea en asuntos de Medio Ambiente, Marítimos y Pesqueros. "Dado que el caso está ahora bajo instrucción judicial, no hay mucho más que podamos decir". 

En cuanto a las fechas en las que ocurrirá esa segunda resolución, que confirmaría las sanciones, "depende del tribunal y no podemos especular sobre cuándo puede ser", añade Petsa.

De estas aglomeraciones urbanas, ocho están en Andalucía (Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate), tres en Galicia (Santiago de Compostela, Vigo y Aguiño-Carreira-Ribeira) y Comunidad Valenciana (Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira), dos en la isla de Tenerife (Noreste y Valle de Güímar) y una en Asturias (Gijón Este).

Como señala la resolución, el total de estas áreas urbanas supone una población de más de 1.400.000 personas vertiendo directamente sus aguas fecales a la naturaleza, con los consiguientes riesgos para la salud humana, las aguas de interior o los ecosistemas marinos. La Comisión Europea se ha visto obligada a tomar esta determinación tras comprobar que "la perspectiva de un cumplimiento completo de la directiva en todas estas aglomeraciones sigue sin estar clara".