Copi, el dogo asesino que forzó a Aznar a legislar sobre perros a la desesperada

Hay violencias sociales que son como el Diablo: quien aspire a detenerlas debe llamarlas primero por su verdadero nombre. Prueba de ello es cómo en 1999 España dejó de hablar de "crimen pasional" cuando un hombre mataba a su mujer para abrazar la terminología "violencia de género". Ese mismo año dejó otro legado normativo perdurable, la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos, aprobada al calor de una alarma social bajo la cual algunos medios llegaron a hablar de "víctimas de la violencia animal". 

Un terrible caso atenazó por aquel entonces a los españoles frente al televisor como ha ocurrido a comienzos de esta semana con el ataque que dejó mutilada a una anciana en Covelo, Pontevedra. El 30 de enero de 1999, en Can Picafort, un enclave de turismo de playa en Palma de Mallorca, el pequeño Francisco Miguel H. V. había salido a jugar con dos amigos en uno de sus escondrijos favoritos: el pinar de la urbanización San Baulo, cercana a su casa. Sus padres eran de origen extremeño y se habían desplazado a la isla buscando trabajo. Tenía cuatro años.

Copi, por su partes, era uno de los dos perros propiedad de Alfredo C., un vecino acomodado de San Baulo que había prosperado como empresario e incluso había coqueteado con la política balear. Sobre el animal pesaban varias denuncias. La más grave de todas, la de haber irrumpido en el patio del colegio Voramar y morder a dos niños. Uno de ellos tuvo que ser operado de urgencia para salvar su brazo. Pero aquella tarde, Copi paseaba sin correa.

Los niños más mayores huyeron a la carrera cuando el animal se abalanzó sobre ellos. Francisco, el pequeño, se quedó atrás. La causa de la muerte, determinó la autopsia, fue una garganta desgarrada por las poderosas mandíbulas de Copi. Un vecino trató de intervenir, pero no logró que el perro soltase presa ni a patadas. "Tenía al niño en el suelo, lo zarandeaba como a un trapo" - declaró. Alfredo fue detenido y sus perros encerrados en una perrera. María Francisca y Miguel, los padres del niño, sufrieron una crisis nerviosa al conocer la desoladora noticia.

En las horas posteriores arreció el debate: ¿de qué raza era Copi? Algunos hablaban un pitbull, otros de un bull terrier, puede que un bóxer. La Guardia Civil tuvo que salir a la palestra a zanjar que se trataba de un dogo argentino. Su compañero era un dogo de Burdeos, la raza implicada en el ataque de Covelo. El perro pasó mes y medio encerrado hasta que un juez dictó la orden de sacrificarlo. Se le administró un sedante en la comida para facilitar la inyección letal al día siguiente pero el perro falleció durante la noche. Miguel, arropado por vecinos de Can Picafort, se presentó en la perrera para comprobar que estaba muerto.

Un año después, Alfredo era condenado a un año de cárcel por homicidio pese que aquella fatídica tarde era su hijo quinceañero quien paseaba a los perros y no él. Como propietario, argumentó el juez, había infringido "el deber del cuidado que le obligaba al estricto y permanente control del perro". María Francisca estallaba: "Me han partido la vida por la mitad y no me parece justo que el culpable tenga que pasar tan poco tiempo en la cárcel cuando hay chicos a los que condenan a cinco años por robar 3.000 pesetas". Acabado el juicio, regresaron a Extremadura.

El diario de Córdoba se hacía eco del suceso.

Legislar en caliente

La muerte de Francisco y el debate sobre la raza de Cobi llevaron a los grupos parlamentarios a presentar propuestas para controlar la cría y tenencia de razas caninas potencialmente peligrosas. Se invocaba el precedente de Francia, que había aprobado una ley para erradicar al pitbull en 10 años esterilizando a hembras. "Personalmente creo que en ningún caso se deben permitir este tipo de perros" - declaraba la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio.

Cataluña fue la primera comunidad en designar a cinco razas como "peligrosas" mientras se incrementaba el abandono de estos perros por parte de dueños atemorizados. Al tiempo que el ministerio trataba de articular una ley nacional, otra tragedia iba a precipitar los acontecimientos. En julio, una niña de tres años moría degollada en Valencia por el rottweiler que su familia había adoptado unos meses antes. En Madrid hubo cuatro ataques de perros contra personas en diez días.

Ese mismo verano el Parlament catalán aprobaba la primera ley de España sobre posesión de perros peligrosos y el Consejo de Ministros replicaba en cuestión de días con la Ley sobre Tenencia de Animales Peligrosos. La norma catalana incluía la lista de razas, y el Gobierno de José María Aznar la incorporó a su proyecto. Madrid y País Vasco sacaron sus propias normativas, también sus propias listas de canes. El PP pisó el acelerador y la Ley Nacional vio la luz el 23 de diciembre. El Real Decreto 287/2002 de 22 de Marzo la desarrollaba como regulación para la tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos.

"No se hizo ni un sólo estudio riguroso: ni del número de agresiones, ni sobre los ejemplares agresores, sus circunstancias o las víctimas. Y a día de hoy sigue sin hacerse, sólo los hay parciales por Comunidad" - denuncia Elena Repullo, veterinaria y responsable de la sección de control de poblaciones y animales potencialmente peligrosos del Ayuntamiento de Madrid. "Fue un desastre. La lista de razas es aletoria. Incluye al tosa inu, una raza japonesa, pero ¿cuántos hay en España? Yo no he visto ni uno, ni siquiera en concursos. Y me dedico a esto".

El tosa inu.

¿Ha reducido la Ley los ataques de perros a personas? "No. Lo que sí han aumentado son las denuncias" - indica Repullo en base a su experiencia de una década en el puesto. "Y lo que ha provocado es inseguridad para el ciudadano y para el funcionario que debe aplicar la normativa". La incongruencia llega al punto de que las listas de razas son diferentes ya no por Comunidad, sino por municipio. "El bóxer no es un PPP en Madrid ciudad, pero a 40 kilómetros, en Collado Villalba, sí".

¿Se puede argumentar que, pese a la evidencia de que los PPP no atacan más a menudo que otras razas, cuando lo hacen causan más daño por la terrible potencia de su mordida, su envergadura y su fuerza, y eso justifica la prevención? De nuevo es una falacia, advierte Repullo. "La ley no tiene en cuenta la vulnerabilidad de la víctima, si se trata de un anciano o un niño, y su diferencia de peso con el agresor. Un cocker no es una amenaza para un adulto, pero a un bebé le dobla en masa".

¿Y qué pasa con los canes que no son de pura de raza? Las características morfológicas para categorizarlos como PPP incluyen indicios como las 'patas rectas' y son, de nuevo, un absurdo. "¡Si un perro no tiene las patas rectas, tiene un problema" - ironiza Repullo. El 'pelo corto' es un factor condenatorio, pese a que la propia Ley incluye al japonés akita inu de níveo pelaje. El agudo morro del dóberman es una de sus características, pero es un PPP en Andalucía pese a que la normativa habla de "cabezas cuboides" y "morros anchos".

Esa últimas consideraciones sobre cruces ignoran algo fundamental: desde que domesticó al perro, el ser humano no ha parado jamás de crear razas nuevas. "La ley ignora que desde que entró en vigor se ha reconocido al american bully, y tiene sangre de pitbull".

El american bully.

¿Por qué hay perros que matan?

"Claro que hay perros peligrosos. Pero no lo son ni por su raza ni por sus genes, sino por sus dueños" - explica Mayte Alonso. Su especialidad es la etología, la ciencia del comportamiento animal y, al igual que Repullo, pertenece a la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA). El pasado marzo publicó un informe muy crítico con la situación de la Ley de PPP. Se expresa categórica: "Yo eximo de toda culpa al perro que muerde. La ley debe caer sobre quien debería haberlo educado con responsabilidad".

Ahí radica la principal laguna de la legislación: establece medidas restrictivas, como correas de un metro o dos según la comunidad y bozales - "que refuerzan el aislamiento y el estigma" - pero no dice nada sobre la tenencia responsable. "Imagina que un niño crece encerrado en una habitación y sale de adulto. No entendería nada. Lo mismo le pasa al perro. A partir de las tres y hasta las doce a dieciséis semanas necesita socializarse, aprender y explorar el mundo". Y más allá: los perros, como los humanos, aprenden e interiorizan durante toda la vida.  

Preguntar por qué mata un perro es por tanto como preguntar por qué un hombre asesina. "Tú no eres agresivo, ¿verdad? Pero en determinadas circunstancias, responderías con violencia". La respuesta es compleja y parte del origen. "Un perro puede heredar una tendencia mayor o menor a la conducta agresiva de sus padres. Un criador responsable no cruzaría a una madre nerviosa con un padre malhumoradito". Esta tendencia, además, fluctúa estacionalmente con los picos hormonales de testosterona en los machos y estrógenos en las hembras.

Una enfermedad como la rabia o el moquillo, que el animal sufra un déficit de vista u oído, que acaree inestabilidad emocional fruto de un trauma o que sufra pánico y estrés son factores desencadenantes de una conducta agresiva. Pero el factor diferencial, insiste Alonso, está en la crianza y la socialización. "El perro que crece sin dueños en el campo puede interpretar al primer humano con el que se cruza como un enemigo. Y si otros perros observan la conducta depredadora, la imitarán".

En cambio, en un entorno adecuado y como resultado de una correcta crianza, es "prácticamente imposible" que se dé la conducta violenta. "Tradicionalmente, los perros han sido considerados útiles, herramientas" - concluye. "Es hora de asumir que son criaturas con una psique específica a su especie, pero en muchos aspectos muy parecida a la humana, y que tanto su bienestar como su tenencia responsable son asuntos sociales".

Un Akita Inu blanco.