Del plástico al papel: Europa pide a España un imposible en reciclaje

Europa ha apostado fuerte por la economía circular. Para quién no está familiarizado con ese concepto, una pequeña definición: se trata del sistema en el que los materiales, las fuentes y los recursos se mantienen lo máximo posible en el tiempo. Una pieza fundamental en ese puzle es, claro, el reciclaje y por eso apostar por la economía circular es hacerlo por esta práctica, extendida en varios países de Europa y total asignatura pendiente en España. 

Pero se acabaron las excusas. El "no tengo un contenedor cerca" o el "si nadie lo hace, ¿qué más da?" no servirá de nada para las sanciones que prevé la Unión Europea -y que tendrán que establecer cada estado miembro- si no se cumple la normativa aprobada este miércoles, tras ser debatida el lunes en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo. 

Los nuevos objetivos de reciclaje no pueden calificarse sino de ambiciosos, pero lo son más para unos países que para otros. Que España llegue a cumplirlos parece, a día de hoy, más una entelequia que un objetivo razonable, pero el hecho es que tendrá que hacerlo o habrá de enfrentarse a las consecuencias. 

Lo que plantea la nueva normativa es que España pase de un nivel nacional de reciclaje que se sitúa en el 31% a uno del 55% en 2025 y del 65% en 2035. Así, tendría que superar en 24 puntos su tasa de reciclaje. Probablemente, no haya que esperar tanto para que España suspenda. La directiva vigente hasta este miércoles ya ponía un objetivo complicado para nuestro país: reciclar la mitad de sus residuos en 2020, es decir, aumentar 19 puntos, en sólo dos años. 

Según datos de Eurostat, para otros países será mucho más fácil cumplir estos objetivos. De hecho, hay empollones claros en esta tarea, como Alemania, que ya en 2016 había alcanzado los objetivos de 2035 o Austria y Eslovenia que llegan con el aprobado al menos a 2020, por lo que no es descabellado pensar que podrán cumplir los plazos. 

Pero, ¿y España?

Según explica a EL ESPAÑOL la eurodiputada en el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo Inés Ayala, "hasta el propio Ministerio de Medio Ambiente reconoce que no sabe si se va a llegar" con su Estrategia Española de Economía Circular -que incluye un plan de acción de 2018 a 2020- a cubrir los objetivos. 

"En residuos urbanos la salida de la crisis supuso una restricción a inversiones locales", señala la política socialista, que apunta a que era sobre los municipios precisamente sobre quien más caía la carga de cumplir los objetivos. Una carga que se pretende aminorar con la nueva normativa. "Se trata de que la presión sea también para el industrial", apunta Ayala. 

"Es lo que se llama economía circular, que en lugar de curar al final del ciclo lo que hace es exigir que se tenga en cuenta todo el ciclo de vida", añade la eurodiputada. 

Así, se trata de que los fabricantes piensen ya desde el mismo momento de elaborar un producto qué van a hacer con él cuando acabe su vida útil, que apuesten al máximo por la reutilización y que sepan desde e principio qué es lo que se podrá recuperar para fabricar nuevas piezas. "Es importante porque en pocos años no va a haber materia prima", comenta Ayala. 

Diferencias entre regiones

En España nos enfrentamos también a un problema adicional para cumplir con la nueva normativa, que es la enorme disparidad entre regiones. En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son Andalucía, Cataluña, Madrid y Canarias las que mayores tasas de reciclaje presentan.

Europa ya apuntó a esta problemática adicional de España en un informe que  se publicó en 2017 y que servía de tirón de orejas anticipado a ocho países seleccionados por lo difícil que parecía que llegaran a los objetivos de 2020 -qué decir de los nuevos-. 

Por si fuera poco difícil llegar a estas tasas de reciclaje en tan poco tiempo, estos no son los únicos deberes que Europa ha puesto a España con la nueva norma. Además, ésta establece que cada municipio sólo podrá almacenar en vertederos un máximo del 10% de sus residuos para el año 2035. 

Lo que aún está por definir es qué pasará si se cumplen los presagios y España no alcanza los objetivos fijados, es decir, en qué sanciones concretas se traducirá el incumplimiento y quién habrá de pagarlas. "Ha cambiado la presión, que ya no es sólo para el usuario o el municipio, sino también para el industrial", comenta Ayala, que subraya que todo esto puede también generar nuevas oportunidades económicas e incluso generar nuevos empleos. Es la economía circular y ha venido para quedarse.