Viaje al expolio ignorado de Doñana: las tres 'plagas' que acaban con la mayor reserva de Europa

"La situación de Doñana es muy mala y no remonta". Son palabras de Juanjo Carmona, abogado y coordinador de Doñana del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y uno de los grandes conocedores de los males que han colocado a este espacio natural en un punto crítico. Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1994, es la mayor reserva ecológica de Europa y el hábitat de especies en peligro de extinción como el lince ibérico. Pero a pesar de su alto valor, este enclave de biodiversidad está llegando al límite.

La crisis del agua que vive Doñana cumple ya tres décadas. Sus marismas se secan y el acuífero que las nutre está sobreexplotado. Se extrae más de lo que el propio sistema puede recargar, las demandas de abastecimiento y de regadío no paran de crecer e ilegalidades -como el robo de agua a traves de pozos subterráneos- se cometen sin ningún tipo de reparo. El ecosistema no se sostiene y, sin embargo, las extracciones de agua persisten de manera indiscriminada.

Un informe del Parlamento Europeo recogía en 2019 que la cantidad de pozos ilegales que había en Doñana se situalba alrededor del millar, según datos de WWF. Desde aquel año y hasta la fecha, esta misma organización señala que se han cerrado un total de 170 de ellos. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) -la autoridad encargada de la gestión del acuífero-, e informan de que desde agosto de 2018 hasta la fecha se han clausurado un total de 420 entre sustitución de aguas superficiales por subterráneas y ejecuciones forzosas. 

Sin embargo, no es suficiente. Al albur de estos datos, se calcula que en el enclave natural podrían quedar aún algo más de 500 pozos ilegales activos, auténticos sumideros de agua que sirven para abastecer, principalmente, a la agricultura de regadío. Paradójicamente, desde la CHG aseguran que no tienen conocimiento de que exista en Doñana ningún pozo irregular actualmente ni de que ninguno se encuentre ahora mismo en expediente sancionador. Apuntan además que, si tuvieran conocimiento de ello, esos pozos ya se habrían cerrado.

A pesar de la escasez de agua, la superficie dedicada a la explotación agrícola en el entorno de Doñana ha crecido considerablemente en los últimos años. Según recopilaba WWF en otro informe, el crecimiento de regadíos para el periodo 2015-2019 se incrementó en 552,5 hectáreas, de las cuales 302,3 pertenecían a la Demarcación Guadalquivir, y 250,2 a Tinto-Odiel-Piedras. Las demandas de agua por parte del sector se han hecho cada vez más evidentes. Conforme a la información del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021, de los 111,1 hectómetros cúbicos disponibles en el acuífero para riego (en lo relativo a Almonte, La Rocina y Marismas), al menos 75,47 hectómetros (un 68% de los recursos disponibles en 2019) se dedicaron al regadío. Y la picaresca ha encontrado aquí su mejor escenario. 

Según datos de la última investigación de WWF sobre El robo del agua, en los últimos dos años la media del volumen de agua extraído de manera ilegal en el entorno de Doñana -sin contar con los del Aljarafe- alcanzaba los 13 hectómetros cúbicos. Y no solo eso, sino que las hectáreas regadas ilegalmente, es decir, aquellas sin derecho de riego concedido, sumaban 4.729. Así lo reflejan las imágenes satélite que han solicitado desde la organización ecologista para su investigación.

Rafael Seiz, portavoz de WWF, explica que el problema es que "se está regando una superficie no permitida desde pozos que no sabemos si son ilegales o no, pero lo que sí constatamos es que se está haciendo un uso ilegal del agua". A pesar de ello, denuncia Seiz, "no existe una cifra ni un control efectivo por parte de las autoridades del agua de lo que realmente se está extrayendo de los acuíferos". 

Lo que ocurre cuando existe este vacío de información es que se genera un problema en la gestión del acuífero. Es la CHG la que tiene la potestad para otorgar los permisos de riego, para lo que necesitan saber cuánto agua se está extrayendo y si está dentro de los límites sostenibles y de capacidad de recarga de los acuíferos. Ahora bien, como cuenta Seiz, "si no tienen en cuenta las extracciones ilegales porque se desconocen, digamos que está subestimando la cifra real de esa extracción, y por lo tanto a lo mejor se está sacando más agua de la que se debería".

Este es un problema que no sólo ocurre en Doñana. Como apuntan en el informe, los acuíferos del Mar Menor (Campo de Cartagena), las Tablas de Daimiel (Alto Guadiana) y Los Arenales pasan por una situación igual de crítica. En todos ellos la superficie regada fuera de los límites de la cartografía oficial de derechos de uso privativo concedidos alcanza las 88.000 hectáreas. Con el agua extraída para regar esa superficie se podrían llenar hasta 65.000 piscinas olímpicas. Unas zonas, además, en las que el agua cada vez es más escasa y las demandas hídricas crecen sin freno.

Un baile de competencias

En junio de este año, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenaba a España por "las extracciones desmesuradas de agua subterránea" en el Espacio Natural de Doñana. Una sentencia histórica que además llamaba la atención sobre la falta de información acerca del estado de los acuíferos debido al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales. Ahora, el siguiente paso es que España demuestre que es capaz de revertir la situación en un plazo adecuado, aunque como asegura Juanjo Carmona, abogado y coordinador de Doñana en WWF, se trata más de una cuestión política y de si la Comisión Europea "entiende que el Estado está haciendo los esfuerzos necesarios". 

Esfuerzos, cuenta el experto, como el que se llevó a cabo a principios de este año cuando se declararon como sobreexplotadas tres de las cinco balsas subterráneas del entorno de Doñana: Almonte, Marismas y La Rocina. En opinión de Carmona, esto es algo que se decretó ante la posibilidad de una sentencia condenatoria para España por parte de la Unión Europea, que ya había constatado en un informe anterior el mal estado del parque natural y en el que solicitaba el cierre de los pozos ilegales.

De acuerdo con la ley actual, la declaración de masas de agua sobreexplotadas permite hacer una ordenación y una limitación de los derechos de extracción que se han concedido. Como puntualiza Seiz, una de las medidas es que la CHG marque un nivel de agua de extracción que sea sostenible. Sin embargo, desde WWF destacan que este dato se desconoce e insisten en que no hay tiempo para seguir estancados en este debate: "Es el momento de que las autoridades controlen de manera efectiva estas extracciones". 

Para ello, los expertos consultados por este periódico creen necesaria una reforma de la ley que rige la gestión de estos acuíferos, de tal forma que se refuerce la capacidad sancionadora de autoridades como la CHG y se puedan cerrar con agilidad las explotaciones ilegales de agua. "La CHG ha cerrado cientos de pozos estos dos últimos años, pero ha sido un proceso que le ha costado mucho", apunta Seiz. A esto se une una falta de coordinación que se pierde en un baile de competencias.

Por un lado, la CHG, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, se encarga de la gestión del agua en la zona. Pero luego está el sector agrícola, que depende de la autoridad autonómica. A la luz de los resultados, con más de 4.000 hectáreas regadas ilegalmente, Seiz denuncia una falta de coordinación entre autoridades y lamenta que siga permitiéndose la sobreexplotación de la zona. "El resultado que tenemos es que la superficie de regadío sigue creciendo, sigue demandando más agua y no hemos sido capaces de revertir el mal estado de los acuíferos en los últimos años, así que hemos llegado al punto de tener que declararlo sobreexplotado".

En otro informe anterior, WWF examinó el cumplimiento de los cinco primeros años de aplicación de lo que se conoce como el Plan de la Fresa de Doñana que fue aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz en 2014. El objetivo era reordenar el territorio mediante la regularización de las fincas consideradas como superficie agrícola regable, pero también obligaba a eliminar la superficie regada sin permiso. Pues bien, la organización concluyó en 2019 que de las 30 medidas a corto plazo, más del 80% no habían sido ejecutadas en su totalidad por la Junta de Andalucía. Además, denunciaban que tampoco se habían eliminado las 1.653 hectáreas de cultivo bajo plástico en situación irregular. 

La 'burbuja' de Matalascañas

Las prácticas abusivas que se ejercen sobre este parque natural tienen su origen en los años 60, cuando la entrada de varios proyectos permiten que se ocupe el 80% de las marismas y se convierta en zonas de regadío. El cultivo se hacía antes en los alrededores de los pueblos, y productos como las fresas o los frutos rojos se adaptaron con asombrosa facilidad a esas zonas donde antes no se podía cultivar otro alimento. Como explica Carmona, "estaría bien si se hubiera hecho de manera organizada, pero el problema es que cada uno ha ido ocupando zonas no permitidas, gente abriendo pozos donde no debía, y ha habido bastante desorden en el crecimiento".

Además, por aquel entonces, se empezó a multiplicar el uso del vehículo privado, lo que facilitó la creación de vías que atraviesan Doñana, un lugar hasta entonces salvaje e impracticable. Carreteras como las de Matalascañas de pronto comenzaron a cobrar protagonismo. El boom turístico que empezó a generarse en aquellos años tiene su efecto en la actualidad. Como cuenta Carmona, lo que empezó siendo una población minoritaria, ahora se cuentan por miles: "Con el boom turístico y el crecimiento de la población en Matalascañas, se han secado muchas de las lagunas peridunares. Han desaparecido". Como asegura el experto, "pusieron el nuevo Benidorm".

"A principios de los 80, los sevillanos invadimos aquello como las hormigas. Eran cuatro bloques de pisos, pero hoy hay miles de viviendas y somos miles de personas las que vamos allí cada verano, una época muy mala para Doñana y sus acuíferos", comenta Carmona. Lo que ocurre es que "la gente empieza a ir, y necesitan beber, y en vez de hacer una conexión con un pantano, se coge el agua de Doñana". El abogado asegura que en unos años no va a haber agua para Matalascañas, pero además se corre el riesgo de que estos pozos situados cerca del mar puedan llegar a tener intrusión salina y una parte del acuífero se vuelva inútil, sin rastro de agua dulce.

Carmona cuenta a este periódico que recientemente se ha anunciado la intención de poner en marcha una medida a raíz de la condena del TJUE, porque "se sigue extrayendo agua en Matalascañas hasta romper los límites". Por este motivo, se piensa llevar agua hacia la localidad costera desde el conocido como Anillo Hídrico de Huelva a través de Mazagón con unas tuberías de unos 30 kilómetros. Sin embargo, en opinión del experto, "se ha establecido un plazo de cuatro o cinco años", que considera "muy lento".

"Ahora difícilmente va a haber agua para aguantar una sequía como la de los años 90", lamenta Carmona, y añade que esto es un verdadero problema para la economía a largo plazo, porque "es acabar con un recurso único que no se ha gestionado bien". La propia CHG incluye en un documento oficial que el último registro de un episodio húmedo en Doñana data del año 2010/2011. Esta escasez de agua se verá incrementada además por el cambio climático en las próximas décadas. Ya se está dejando notar en la Cuenca del Guadalquivir, donde piensan activar el protocolo de sequía el próximo 2 de noviembre como consecuencia de los bajos niveles hídricos tras la época estival.

"Las primeras víctimas del uso ilegal del agua ya no son sólo los ecosistemas, sino los agricultores que sí cumplen la ley y están viendo que hay gente que se la está saltando a la torera", explica Seiz. En este sentido, Carmona coincide en que "legales e ilegales pueden acabar muy mal en el caso de una sequía, porque cuando no quede más agua en el acuífero", puede darse "una situación conflictiva" entre ellos.

En opinión de los expertos, los responsables de que ocurra esto somos todos: desde la cadenas de supermercados y consumidores hasta las administraciones. Pero lo que está claro es que hace falta voluntad para asegurar el futuro de Doñana. "Si seguimos actuando como hasta ahora, llegará un momento en que desaparezca este enclave único de biodiversidad", concluye Seiz.