El robo del agua en explotaciones agrícolas sitas en la finca Matalagrana, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, no entiende de colores políticos. El Espacio Natural de Doñana es el mayor humedal de Europa y cuenta con el máximo nivel de protección estatal.
A partir de mañana martes se sentarán en el banquillo dos exalcaldes de la localidad de Almonte, uno del PSOE y otro del PP, junto a 13 personas más, la mayoría agricultores. Lo harán durante dos semanas en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Huelva por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por extracción ilegal de aguas subterráneas.
Este caso ha traspasado fronteras. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró hace tres meses que las extracciones "desmesuradas" en el Espacio Natural de Doñana infringen el Derecho de la Unión y la directiva sobre los hábitats.
El beneficio obtenido por este robo del agua se calcula entre los 358.000 euros y los 649.000 euros en total. Al socialista Francisco Bella y al popular José Antonio Domínguez la Fiscalía los considera cooperadores necesarios. No hicieron nada para impedirlo y ambos se enfrentan a dos años y diez meses de prisión y al pago de una multa superior a 6.000 euros.
Ninguno de los dos alcaldes, miembros del Consejo de Participación de Doñana, son ya afiliados a sus partidos. Ambos acabaron mal con sus formaciones. Francisco Bella regentó la Alcaldía de Almonte durante 20 años -desde 1991 a 2011- y senador por el PSOE durante 15 años, pero en las últimas elecciones se presentó por su nuevo partido Ilusiona, fue la fuerza más votada y se quedó a dos concejales de la mayoría absoluta.
José Antonio Domínguez abandonó su partido en febrero de 2018 tras recurrir el Congreso del PP local por ilegalidades. Fue alcalde de la localidad desde 2011 a 2015 y se ha visto inmerso en varios procesos judiciales.
Los exalcaldes de Almonte, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PSOE).
Otros 13 acusados
Además, están acusadas otras 13 personas, titulares de explotaciones y administradores de siete empresas agrícolas que producían en su mayor parte frutos rojos. Para ellos, el Ministerio Fiscal solicita las penas de tres años y diez meses de prisión y el pago de multas de 12.000 euros. Además,
Las investigaciones comenzaron en agosto de 2011 cuando organizaciones ecologistas alertaron de la sobreexplotación del denominado acuífero 27 y la Fiscalía de Medio Ambiente onubense tomara cartas en el asunto.
En concreto, fue un particular el que denunció una supuesta corrupción en Almonte en relación a pozos ilegales y subvenciones a empresas, tras un acuerdo firmado durante años entre el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la localidad.
Estos 15 acusados se sentarán en el banquillo diez años después del inicio de estas investigaciones. Este paraje está incluido en el ámbito de influencia del Plan de Ordenación del Territorio de Doñana (Potad), que prohibió desde 2004 la extracción de nuevos recursos hídricos por la delicada situación del acuífero.
Según reza en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, consultado por EL ESPAÑOL, tanto los titulares de las explotaciones agrícolas y, de forma especial, los exregidores fueron en todo momento "conocedores de la inexistencia de la autorización" para extraer agua. Tampoco instalaron los contadores volumétricos para reflejar la cantidad consumida ni han pagado nada por dichas captaciones.
El extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) había desistido expresamente de la inscripción de los sondeos-captaciones en el Registro de Aguas Privadas cuando entró en vigor la Ley de Aguas. Además, los acusados fueron expedientados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por captar aguas subterráneas sin autorización.
Solución política
Ante esta situación, los exalcaldes les ofrecieron una "solución política". Según el fiscal, les comunicaron que "todo era un error" y que ellos se ocuparían del asunto. De esta forma, considera que permitieron con dicha actitud que continuase esta actividad ilegal porque no hicieron nada.
Según señala el escrito, en todas las explotaciones relacionadas se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en el periodo de 2009 a 2012. Dicha captación ha alterado el balance hídrico del acuífero generando un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido, así como sobre las especies que alberga, sus hábitats y sobre su valor ecológico a nivel mundial.
Esta querella fue elaborada por la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente en el marco de sus diligencias de investigación sobre la denuncia de WWF sobre el llamado "robo de agua en Doñana". La causa alcanzó los 3.500 folios de extensión en la pieza principal y de 1.000 en la pieza de medidas cautelares y fue declarada compleja.
En plena investigación, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sacó a la luz más de medio millar de pozos ilegales y casi 150 balsas de riego en el entorno de Doñana.
Petición de agua
Durante la última década agricultores del entorno del espacio han protagonizado diversas manifestaciones para solicitar a la Junta y al Gobierno central mecanismos para obtener agua subterránea.
En la actualidad, acaban de recibir concesiones de para 318 hectáreas de la Comunidad de Regantes El Fresno Guadalquivir y se han cerrado más de 450 pozos desde 2018.
Siguen pendientes del trasvase de 20 hm3 de la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras hasta la del Guadalquivir, que se aprobó por el Gobierno central en diciembre de 2018. Sin el agua necesaria, estos agricultores no pueden continuar con sus plantaciones de frutos rojos en esta zona de la provincia de Huelva, la mayor productora de España.