Hace poco más de un año, la Policía Nacional emitía un comunicado de prensa sobre una operación judicial en el que la presunción de inocencia brillaba por su ausencia. En el mismo se informaba de que las fuerzas de seguridad del estado habían detenido a cinco personas que "estafaron más de 600.000 euros con la venta de un falso medicamento para curar el cáncer".
Doce meses y una semana después, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Mallorca Enrique Morell ha acordado el archivo provisional de la causa contra el último de los protagonistas de la misma, el investigador de la Universitat de les Illes Balears Pablo Escribá. El catedrático sólo ha contestado con una escueta frase a los requerimientos de este medio para valorar la sentencia: "Estamos contentos de que se haya hecho justicia".
El investigador fue apartado de la docencia poco después de que estallara el escándalo y, según ha explicado la UIB a este medio, sigue en la misma situación. "Sólo se le apartó de la docencia, no de su actividad como investigador; no sabemos si la situación cambiará ahora, pero todavía no nos ha llegado ninguna comunicación oficial que obligue a ello", señala un portavoz de la institución educativa.
¿Falso medicamento?
En la nota de prensa de la policía se definía el Minerval como un falso medicamento contra el cáncer. Se decía, por lo tanto, que los acusados habían cometido un delito de estafa por pedir dinero a enfermos de cáncer por una sustancia sin propiedades terapéuticas.
Como ya explicó EL ESPAÑOL en su día, esa afirmación era inexacta, ya que el medicamento, con el nombre comercial Minerval y científico de ácido 2-hidroxioleico, se había probado en un ensayo clínico en el que participaron tres de los mejores centros de investigación oncológica del mundo.
En el auto de la decisión ya se reconoce que el producto es "un medicamento designado como huérfano por el comité de medicamentos huérfanos de la Agencia Europea de Medicamentos", aunque subraya que no estaba autorizada su comercialización "limitándose su utilización a ensayos clínicos previamente autorizados y, eventualmente al uso excepcional en situaciones especiales previa autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, no constando ninguna solicitud ni autorización para el uso de tal producto".
Ya en septiembre de 2017 se dictó resolución acordando el archivo de las actuaciones, "al no quedar debidamente justificada la perpetración del delito de estafa objeto de la denuncia que inicia el procedimiento". Sin embargo, el Ministerio Fiscal interpuso un recurso de apelación que pedía investigar más sobre la actividad de Escribá y el dinero que podía haber recibido por el medicamento.
Esta apelación es la que ha sido resuelta ahora, aunque en el auto se deja claro que es un "sobreseimiento provisional". Eso sí, el fiscal ha apoyado el archivo del caso "al no haberse acreditado la comisión del delito de estafa por parte de Escribá".
Tras consultar las bases de datos de ensayos clínicos pubmed y clinicaltrials no parece que el medicamento se haya seguido investigando en este tiempo, algo que quizás cambie si el sobreseimiento no se recurre y el caso queda archivado definitivamente.