La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) asegura que "hoy por hoy" no hay razones epidemiológicas ni éticas que justifiquen la obligatoriedad de vacunación, después de que el Parlamento gallego haya aprobado reformar la normativa para imponer multas a aquellos que se nieguen de forma injustificada a vacunarse.
En un posicionamiento conjunto, la SEE admite que la legislación española permite que las autoridades puedan obligar a vacunar en determinadas circunstancias si bien añade que "está menos claro" que una comunidad pueda hacerlo "unilateralmente en todo su territorio, sobre todo si su situación es mejor que otras muchas".
"Hoy por hoy no hay razones epidemiológicas ni éticas que justifiquen la obligatoriedad de la vacunación. Todo lo contrario", sostiene la SEE.
Y es que señala que desde el punto de vista epidemiológico, la población española acepta las vacunas mayoritariamente, más del 80 % en las últimas encuestas, un porcentaje que "probablemente sería suficiente para conseguir la inmunidad de grupo".
Argumenta que desde el punto de vista ético, la obligatoriedad de la vacunación "solo tiene sentido" si hay un rechazo importante de la población a recibir una vacuna eficaz y segura y si este impide que se pueda lograr la inmunidad colectiva.
"La obligatoriedad solo tiene sentido si la protección del bien común tiene que hacerse a costa necesariamente de no respetar las decisiones individuales de los contrarios a vacunarse. Pero ese no es el caso de la vacunación frente a la covid", abunda la SEE.
Recalca que mientras que el porcentaje de personas que rechazan la vacunación sea "relativamente pequeño", las políticas de salud pública "más razonables" aconsejan "armonizar la búsqueda del bien común y de la solidaridad con el respeto a las decisiones individuales, libres y sin coacciones".
"Con ello se aplica el consejo de recurrir a las medidas de apoyo a la salud pública que sean menos restrictivas de las libertades individuales", continua la SEE.
Además, estima que las medidas punitivas u obligatorias pueden generar en la población una desconfianza en las autoridades "muy poco aconsejable para la gestión de la pandemia" y, por tanto, debe ser el último recurso "cuando la situación así lo exige y no quedan otras alternativas".
En cualquier caso, agrega, "la obligación" de las autoridades sanitarias es "persuadir y convencer" a todos aquellos que puedan tener reservas contra la vacunación de los "enormes beneficios" que aportan a todos "frente a unos riesgos muy pequeños a que se exponen".
La decisión gallega
La mayoría absoluta del PPdeG en el Parlamento de Galicia aprobó el pasado martes con el rechazo de la oposición la modificación de la Ley de Salud de Galicia, que permite decretar confinamientos o cuarentenas obligatorias, limitar las interacciones sociales y que prevé multas de hasta 60.000 euros por negarse a ser vacunado.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, lleva meses defendiendo esta normativa como "la primera ley de pandemias de España", toda vez que permitirá a la autonomía aplicar determinadas restricciones sin estar bajo el paraguas del estado de alarma, lo que para la oposición supone "restringir derechos constitucionales" con "un estado de alarma permanente".
Sin embargo, y siempre en cuando la autoridad sanitaria competente estime que la negativa a recibir la vacunación "suponga un riesgo o un daño grave para la salud de la población", un ciudadano podría recibir una multa de entre 3.001 y 60.000 euros.