A menudo, el problema no son las reglas sino las excepciones. Por ejemplo, la Navidad pasada, cuando todo el mundo sabía que iba a haber un repunte y coincidió en avisar del peligro de una tercera ola, las autoridades decidieron que un día era un día y que se podían levantar casi todas las medidas sin problema.
Tal vez sea ese precedente el que ha hecho que esta vez el Consejo Interterritorial de Salud haya decidido ser absolutamente inflexible en sus decisiones: todas las comunidades autónomas (excepto Canarias y Baleares en algunas circunstancias) tendrán que echar el cierre perimetral, establecer un estricto toque de queda, prohibir las reuniones entre no convivientes en domicilios y restringir al máximo los aforos en recintos públicos.
El objetivo, obviamente, es mandar un mensaje de firmeza. ¿Son todas esas medidas necesarias en todos lados? Probablemente, no. Lo más seguro es que solo lo sean allí donde de hecho ya estaban fijadas antes de la reunión del Consejo.
Ahora bien, había que mandar un mensaje radicalmente distinto al de Navidad y se ha hecho: no vamos a liarla ahora que estamos vacunando a todo el mundo y estamos tan cerca de llegar al final del túnel. El problema con estas medidas, como con todas, es la capacidad que tengan los distintos gobiernos autonómicos de hacerlas cumplir… y el compromiso de los ciudadanos con su cumplimiento. Cuando se insinúa que una legislación es caprichosa, de alguna manera se invita a la gente a saltársela.
Una crítica habitual, y no falta de sentido, a las medidas restrictivas de esta Semana Santa es que uno no puede viajar a Madrid desde Toledo pero sí puede hacerlo desde Marsella.
Aquí, de nuevo, el problema es la excepción. Efectivamente, hace tiempo que deberíamos haber cerrado las fronteras por completo exigiendo pruebas diagnóstico negativas en origen y destino más una cuarentena de al menos una semana.
No es razonable que el centro de la capital se llene de franceses en busca de un poquito de fiesta y a la vez las familias tengan que aguantar aún unas semanas más para reunirse con sus seres queridos incluso viniendo de lugares donde la transmisión del virus está ahora controladísima (cosa que, por cierto, no sucede con Francia).
Esa crítica, sin embargo, no desautoriza lo aprobado. Hay un miedo notable a que la liemos de nuevo en Semana Santa y es un miedo con cierta base. De entrada, sabemos que la variante británica ya es predominante en prácticamente todas las comunidades autónomas. Eso puede suponer un peligro grave o no, pero ante la posibilidad, es lógico que nos protejamos. Si luego queda en nada, mucho mejor.
Es posible que la predominancia de esta variante sea la que esté detrás del ligero repunte que estamos viendo ya en algunas comunidades autónomas en su incidencia semanal. De momento, son solo cinco, pero la semana que viene veremos a unas cuantas más unirse a esta tendencia.
No es el mejor momento para mezclarse, desde luego, ni es la mejor ocasión para legislar de modo distinto por región. Si unas comunidades tienen incidencias a 14 días controladas por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes y otras están por encima de los 200, es razonable que no mezclemos los grupos de población alegremente.
El debate ahí estaría en cuándo exactamente vamos a mezclarnos, porque tarde o temprano podrá hacerse. El cierre de la movilidad ha de tener un punto final y, si estamos esperando a que todos bajemos de los límites de alarma, igual tenemos que esperar sentados porque se nos puede hacer bastante largo.
¿Justifica eso la prohibición de actos como procesiones garantizando determinadas medidas de aforo dentro de los propios municipios? No es demasiado complicado pensar que eso podría haberse trabajado más, con una limitación de pasos y asistentes más los debidos tests y cuarentenas a los portadores correspondientes.
Supongo que eso, a su vez, eso habría provocado peleas internas por ver qué pasos sí, qué pasos no, qué aforos, cómo controlarlos, etc. Se ha optado por la vía más tajante para evitar lamentos posteriores. Si hemos aprendido una lección en este año de infamia es que ya nadie quiere ser culpable ante la opinión pública. Y, en el fondo, eso es una buena noticia.
Un elemento nuevo de la legislación para Semana Santa y el puente de San José que no estaba en la original del Estado de Alarma es hacer nacional la prohibición de las reuniones en domicilios entre no convivientes. Parece una decisión sensata, pero de nuevo todo depende de que se pueda hacer cumplir.
De lo contrario, estaríamos ante una nueva apelación a la responsabilidad individual y lo que eso implica: solo un 5% de irresponsables puede arruinar el trabajo del 95% restante. Si la movilidad entre territorios es un peligro, la movilidad entre hogares lo es mucho más. Sé que mucha gente dice aquello de “¿por qué no me puedo reunir con mis padres/abuelos/tíos/sobrinos pero la gente sí puede ir a una terraza a tomar una cerveza?” pero incluso eso tiene explicación.
Cuando se legisla, se legisla contra el peor escenario posible. Si usted va a reunirse con su familia o sus amigos y va a llevar puesta la mascarilla, va a ventilar adecuadamente y no se va a superar el número mágico de seis personas, enhorabuena.
Ahora bien, el legislador no sabe si eso va a ser así porque no le puede vigilar en su casa y sí en una terraza, en un cine, en un teatro o en una oficina. Al menos, debería poder hacerlo, otra cosa es el empeño que le ponga. Sabemos que la mayor parte de los contagios se produce en los hogares, aunque el contagio original haya tenido lugar fuera de los mismos, sin que sepamos muy bien dónde porque la labor de rastreo deja bastante que desear en demasiados casos.
Si no queremos liarla, esta vez no hay autoridades a las que culpar: aprovechar la falta de movilidad entre comunidades para reunirse en una casa y luego en otra y luego en una tercera es un error enorme que acabará mal. Lo mismo aplica a reuniones clandestinas en locales públicos, en confianza de que la policía no se entere jamás. Espacios abiertos, distancia social, mascarillas… por una vez, sabemos lo que tenemos que hacer y lo único que se pide de nosotros es que hagamos lo que llevamos haciendo meses.
Si no se hace, con el añadido de los niños constantemente en casa por el cierre de los colegios, algo que no ha salido bien en otras ocasiones, el repunte que vemos ahora puede convertirse en algo más serio en abril.