El próximo 20 de abril, España dirá adiós a un incómodo compañero de viaje durante los dos últimos años. No es el SARS-CoV-2, que ha venido para quedarse, sino la mascarilla. A partir de esa fecha, solo será obligatorio utilizarla en centros sanitarios y residencias, así como en el transporte público. Esta situación está generando dudas y miedos en las personas más vulnerables frente al virus, los pacientes crónicos y los mayores.
Como Isabel, que, a sus 77 años, goza de buena salud pero toma todos los días sus pastillas para controlar la tensión y el nivel de colesterol. "La retirada de las mascarillas crea incertidumbre. Opino que en los sitios cerrados debería seguir llevándose puesta, en cualquier sitio que fuera público".
Su marido, Fernando, de 71, está de acuerdo. Padece desde hace unos años enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, recientemente, fue diagnosticado de púrpura trombocitopénica inmune, que le ha llevado a ser tratado con medicamentos como rituximab, que funciona como inmunosupresor.
No se trata solo de que desaparezca de ciertos ámbitos, sino de que se relaje su uso incluso en aquellos donde exista obligación. "En el momento en que levanten la obligación, seguramente haya más gente que no la use [en el transporte público]".
"Es así con todo, la gente se la salta o intenta saltársela, y cuando se les dice algo mira los líos que hay", recuerda en referencia a varios casos de agresiones a conductores de autobús que pidieron a pasajeros llevar la mascarilla. No obstante, añade que "la mayoría de la gente respeta la obligación".
Desde la semana pasada, el Ministerio de Sanidad no notifica la incidencia de la Covid en la población general, solo en mayores de 60 años (los únicos, junto con los pacientes inmunosuprimidos, que deben hacerse un test de forma obligatoria si tienen síntomas compatibles con la enfermedad". En estos, la tasa a 14 días es de 426 casos por cada 100.000 personas, lo que implica un riesgo bajo según la última estrategia de control del virus.
Sin embargo, el último paso anunciado por la ministra Carolina Darias no convence a los pacientes. "Surgen muchísimas dudas", comenta Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
Escobar ve "razonable" la intención del Gobierno, "pero al mismo tiempo tenemos que tomar medidas para esas personas que tienen enfermedades. Seguimos yendo a nuestros trabajos y, en el caso de los jóvenes y niños, necesitan seguir yendo al colegio y a la universidad, en aulas donde todo el mundo se quitará las mascarillas y no habrá buena ventilación".
"Si todo el mundo en el trabajo se quita la mascarilla, una persona que esté trasplantada y en una situaciónde inmunosupresión, por ejemplo, estamos poniéndola en riesgo", señala con contundencia. Por eso, "las autoridades tienen que dar un paso y hacer recomendaciones muy claras sobre cómo los vamos a proteger".
Los pacientes no llevan una etiqueta
En lugar de oponerse frontalmente a la medida, Escobar prefiere que se generen buenas prácticas y campañas que nos recuerden que la mascarilla no solo protege a quien la lleva sino que también lo hace a las personas que están alrededor. "Me pongo la mascarilla por ti, por mí y por todos los que vamos en un vagón de tren".
Aunque prefiere ser optimista y recordar todo lo que los ciudadanos hemos aprendido sobre cuidarnos a lo largo de estos dos años, también destaca que los pacientes vulnerables no llevan una etiqueta ni solo parecen existir cuando cruzan la puerta de un centro de salud o una residencia. "Pensemos en cómo cuidar a la ciudadanía en general pero tengamos claro quiénes son los vulnerables y cómo debemos gestionarnos para que la mortalidad no sea tan alta".
Más combativo se muestra Andoni Lorenzo, al frente del Foro Español de Pacientes. "Voy a ser claro: no lo veo bien. Primero, porque creo que no es una decisión que esté consensuada. Segundo, porque me genera dudas: hay colectivos médicos que no están de acuerdo".
Se refiere a un comunicado que la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) difundió este miércoles tras el anuncio de la ministra. En el mismo piden prudencia ante una pandemia que "aún no ha finalizado y que persiste la transmisión del virus".
Entre otras cosas, los epidemiólogos creen que ha sido precipitada esta decisión al producirse cuando la nueva estrategia de prevención de la Covid "lleva apenas quince días en vigor" y con la inminencia de la Semana Santa y su previsible aumento de la movilidad y las interacciones sociales.
Ven la mascarilla como "una medida muy icónica, y muy visible, y su eliminación también transmite el mensaje de que ya no hay necesidad de ninguna medida". Para que los vulnerables se sientan protegidos con la nueva estrategia ven imprescindibe mantener ciertas medidas "en los ámbitos donde residen, viven y trabajan estas personas", y que los no vulnerables los protejan con su cumplimiento.
"Sería muy conveniente que, en determinadas situaciones, se mantuviera el uso de mascarillas en interiores, y también otras medidas que tienden a olvidarse como la ventilación o evitar aglomeraciones en espacios cerrados, fundamentado en la necesidad de proteger a las personas vulnerables".
Lorenzo apoya las palabras de la SEE ya que "si a algo tenemos que agarrarnos en nuestro desconocimiento técnico es a las sociedades científicas". Por eso no ve adecuado decretar para el 20 de abril el final de las mascarillas, indicando que, además, puede aumentar la relajación incluso en los ámbitos en que se mantendrá: "Si ya cuesta llevar mascarilla, porque ya hay una relajación muy grande, suponemos que el virus puede seguir creciendo".
El presidente del Foro Español de Pacientes remite igualmente a la ciencia para establecer qué momento sería el adecuado para finalizar la obligación de llevar mascarillas en espacios cerrados, pero recalca las "dudas y preocupación" que genera esta próxima decisión. "En el momento en que tengamos gente en una concentración de personas y no haya mascarillas, el virus se va a transmitir como la pólvora".