La ONU culpa por segunda vez a España por violencia obstétrica: la cesárea forzosa de Naya

España ha sido declarada como responsable de un caso de violencia obstétrica por la ONU por segunda vez en su historia. Este tipo de violencia, que todavía sigue siendo poco conocida, hace referencia a un tipo de discriminación de género. La padecen las mujeres en el embarazo, el parto o el puerperio en el contexto sanitario: las prácticas sin consentimiento que son percibidas como violentas —como inducciones o episiotomías sin el visto bueno de la madre— o, incluso, las humillaciones en su atención son algunos ejemplos de este problema.

La vez anterior que en la que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de este organismo internacional culpó a España de uno de estos casos tuvo lugar hace tan solo dos años. En este caso, la mujer que fue víctima de esta violencia recibió una episiotomía —un ensanchamiento del canal del parto realizando un corte en la piel y los músculos entre la vagina y el año— sin consentimiento y su hija contrajo una infección provocada, probablemente, por los diez tactos vaginales a los que la sometieron sin consentimiento.

El nuevo caso por el que España ha sido reprendida por la ONU guarda similitudes. La protagonista de este caso es una mujer llamada Naya que hace diez años acudió a un hospital público de San Sebastián, en el País Vasco, para parir después de haber roto aguas. No era consciente en ese momento de los procesos a los que iba a ser sometida y que le valdrían un trastorno de estrés postraumático que le fue diagnosticado después de su parto. 

Falta de consentimiento

La ONU ha recogido en un comunicado en su página web los procedimientos a los que la mujer fue sometida y que terminaron siendo considerados violencia obstétrica. Un parto inducido de manera prematura y sin consentimiento, varios tactos vaginales y una cesárea sin justificación médica ni consentimiento, durante la cual tuvo los brazos atados. Al tener los brazos atados, Naya no pudo tocar a su bebé una vez había nacido y no tuvo el contacto piel con piel que es habitual tras el nacimiento. Además, tampoco permitieron que comiera ni que su esposo estuviera presente en la intervención. 

"Cuando la madre se puso en contacto conmigo se encontraba muy mal anímicamente, casi no podía articular palabra", recuerda Francisca Fernández Guillén, abogada especialista en negligencias médicas y representante de Naya. "No le habían explicado los riesgos de la inducción del parto, no la tuvieron en cuenta a la hora de tomar decisiones y recuerda que mientras le realizaban la cesárea, los residentes estaban hablando de lo que iban a hacer el fin de semana, con nulo respeto hacia el trauma que estaba viviendo".

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Estas son las razones por las que la ONU ha contemplado violencia obstétrica en este caso concreto, un abuso de la autoridad médica. Sin embargo, la abogada explica que llegar a este organismo ha sido el último paso después de agotar todas las instancias judiciales: el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos… todas estas instituciones fallaron en contra de la denunciante. 

Un término controvertido

"Si los médicos y las enfermeras hubieran seguido todos los estándares y protocolos aplicables, es probable que la víctima hubiera dado a luz de forma natural sin tener que pasar todos estos procedimientos que la dejaron física y mentalmente traumatizada", ha explicado Hiroko Akizuki, miembro del CEDAW. "Los estados partes tienen la obligación de adoptar medidas apropiadas a fin de modificar o abolir no solamente leyes y reglamentaciones, sino también costumbres y prácticas que constituyan violencia obstétrica".

España es uno de los países que firmaron el tratado internacional de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y, por tanto, debe respetar las normas del CEDAW. En este sentido, este comité ha instado a España a proporcionar una reparación a la demandante, ha solicitado que se respete la decisión de las mujeres en temas de salud reproductiva y que se exija el consentimiento libre, previo e informado y, por último, brindar formación a sanitario y juristas sobre esta problemática.

A pesar del compromiso de la ONU con la lucha contra la violencia obstétrica, algunas instituciones médicas de España rechazan este concepto. Este es el caso del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) que, tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, el año pasado se posicionaron en contra de este concepto por "criminalizar las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica".

De todas formas, Fernández Guillén explica que el rechazo al concepto de violencia obstétrica no es unánime en la profesión sanitaria. De hecho, nombra este manifiesto de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) en el que admiten que se trata de una problemática frecuente en nuestro país. La Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología (SCOG) y el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC), en este sentido, también firmaron este comunicado sobre la necesidad de concienciar contra la violencia obstétrica.