El mapa de la eutanasia en España: 370 muertes desde que la ley entró en vigor; un tercio, en Cataluña

El 23 de julio de 2021 se producía la primera defunción por eutanasia legal en nuestro país. Se trataba de una mujer de 86 años residente en Durango (Vizcaya). En el año y medio siguiente, en España se han realizado 338 eutanasias, según datos del Ministerio de Sanidad facilitados a EL ESPAÑOL. De ellas, 75 tuvieron lugar en 2021 y 263 el año pasado. No se conocen las cifras de lo que llevamos de 2023.

Sin embargo, la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que apoya y asesora a las personas que quieren utilizar este recurso, calcula unos 370 procedimientos para el mismo periodo, de los que 295 tuvieron lugar en 2022, "y probablemente más de mil [personas] la solicitaron".

En un informe que ha publicado este jueves, la asociación critica la escasez de datos facilitados por las administraciones, especialmente las comunidades autónomas que, si bien están obligadas a realizar un informe anual, solo unas pocas lo han hecho.

Este periódico ha comprobado cómo algunas (muy pocas) han facilitado datos de solicitudes de eutanasia y prestaciones realizadas simplemente con pedirlos. Otras remiten a las comisiones de garantía y evaluación, que son las encargadas de evaluar cada solicitud, o al portal de transparencia… o simplemente no contestan.

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Mientras que el ministerio explica que los datos facilitados están a la espera de confirmación definitiva por parte de las autonomías y no desgaja el número de eutanasias realizadas en cada una, el trabajo realizado por la Asociación Derecho a Morir Dignamente permite vislumbrar la evolución de esta práctica y las diferencias existentes entre territorios.

Cataluña es, con diferencia, la comunidad con más solicitudes de eutanasia llevadas a término: 29 en 2021 y 91 en 2022. Un total de 120 prestaciones que suponen un tercio de las realizadas en toda España. Madrid estaría en segundo lugar, con 44 (6 en 2021 y 38 en 2022). País Vasco sería tercera, con 39, de las que 24 desarrolladas el año pasado. En los últimos lugares estarían Extremadura, con 3 prestaciones realizadas, y Murcia, con 4.

Esta última comunidad es, además, la que menos eutanasias ha llevado a término en proporción con el total de fallecimientos en la región: 0,15 por cada 1.000 fallecimientos en 2022. En el lado opuesto se encuentra Navarra que, con 13 eutanasias realizadas, suponen 2,06 por cada 1.000 muertes registradas el año pasado.

Desde Derecho a Morir Dignamente lamentan que "la baja calidad de los datos disponibles no nos permite dar una respuesta" a las causas de las diferencias autonómicas. "Lo más probable es que sea una suma de motivos: desde las diferencias de acceso en entornos rurales o urbanos a la mayor o menor saturación de la Atención Primaria".

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De hecho, en el informe que publicó Sanidad sobre los seis primeros meses desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) se constataba que más de la mitad de los médicos que realizaron la prestación eran de familia.

"También puede haber diferencias socioculturales", explican. "En Bélgica, por ejemplo, la eutanasia es más habitual entre la población flamenca y menos entre la francófona".

Es probable, no obstante, que parte de esas diferencias se deban también a que algunas autonomías "han hecho un mejor trabajo de implementación de la LORE en su territorio, y coincide con que tienen los porcentajes más altos". Esto supone, entre otras cosas, mejor formación a los sanitarios y más mecanismos para atender las peticiones.

Con todo, las cifras, ya sean las del Ministerio de Sanidad o las de Derecho a Morir Dignamente, quedan lejos de las que ofrecen otros países que llevan más tiempo con la eutanasia regulada. "La experiencia internacional apunta a que, cuando la muerte médicamente asistida está consolidada, supone entre el 1% y el 4% del total de fallecimientos anuales". En 2022, en España fue el 0,064%.

De seguir los mismos porcentajes que otros países, "supondrían entre 4.500 y 18.000 eutanasias al año". En la asociación señalan que "es poco probable que en España haya veinte veces menos personas, en proporción, que quieran adelantar su muerte que en otros países de nuestro entorno".

Otro aspecto que nos diferencia es el de las patologías que llevan a las personas a optar por la asistencia médica para morir. Con datos de los seis primeros meses, el 54% de las eutanasias se correspondían a una patología neurológica (como la ELA o la esclerosis múltiple), por el 29% de oncológicas.

Mientras tanto, en Bélgica, Canadá o Países Bajos, el 80% de los pacientes que recurren a esta prestación con enfermos terminales, "sobre todo de cáncer, que acumula dos de cada tres casos", explica Derecho a Morir Dignamente.

Normalización de la eutanasia

Más allá de estos datos, poco se sabe. La edad media de los pacientes está en alrededor de los 67 años, aunque el más joven tenía 29 y, el mayor, 97. Los fallecimientos se reparten casi a partes iguales entre el hospital y el domicilio y la inmensa mayoría se tramita a través de la sanidad pública: en los seis primeros meses desde la entrada en vigor de la LORE, solo hubo uno a través de una entidad privada. De hecho, desde la asociación denuncian la falta de colaboración de estas últimas señalando que las principales aseguradoras no han dado respuesta a las solicitudes recibidas.

El principal hueco a rellenar, no obstante, es qué pasa con las eutanasias que no se realizan. La asociación calcula que son más de mil las solicitudes efectuadas en todo el país, lo que implica que menos de un tercio se llevaría a término.

Sin embargo, el informe ministerial del primer semestre calculaba que los procesos aprobados y finalizados (75 de 173) suponían el 43% del total. El resto no lo hicieron por diferentes razones: en el 18,49% de los casos la persona falleció antes de terminar el procedimiento; el 16,18% de las solicitudes no llegaron al Comité de Garantías y Evaluación (no se explica por qué), mientras que solo se denegó el 14,45% de las peticiones, se revocó el 4,04% y se aplazó el 3,46%.

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Esto lleva a Derecho a Morir Dignamente a quejarse de los plazos excesivos para llevar a cabo la prestación. "No es razonable que todavía haya personas que requieren de varios meses para completar un proceso que, en las circunstancias adecuadas, puede hacerse con todas las garantías en menos de 25 días".

Pese a todo, quizá lo más destacable de estos dos años de eutanasia es que las polémicas han quedado atrás. Las encuestas de los últimos años han dado un amplio apoyo a la muerte médicamente asistida, entre el 78% y el 87%.

Eso es lo que destaca la exministra de Sanidad y actual diputada del PSOE María Luisa Carcedo, principal impulsora de la norma. "Lo más destacable es la normalización de la aplicación de la ley en todo el Sistema Nacional de Salud", comenta a este medio.

Y recalca los hitos: "La aprobación del Manual de Buenas Prácticas y su aprobación por unanimidad en el Consejo Interterritorial facilita la homogeneidad de su aplicación según las condiciones fijadas en la Ley. La puesta en marcha de las Comisiones de Garantía y y Evaluación vela por las garantías del proceso. Y la incorporación a la cartera común de servicios, la equidad para toda la ciudadanía que lo requiera".

Esto último es lo importante, recalcan desde Derecho a Morir Dignamente. "La eutanasia siempre será una forma minoritaria de morir, pero su despenalización es beneficiosa para toda la sociedad. Permite a quienes afrontan el final de su vida hacerlo con la tranquilidad de que, si su situación se vuelve insorportable, tiene una salida de emergencia", apuntan. "Aunque la mayoría nunca tenga que recurrir a ella".