Radiografía del aborto en España: por qué en Cataluña se realizan el doble que en Galicia

"El crecimiento ha sido moderado y más o menos se ha ido manteniendo en la misma horquilla de años anteriores", expresa Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI). Efectivamente, mirando en términos absolutos, se puede ver que este 2022 se practicaron 98.316 abortos, 8.127 más que en 2021, pero menos que en 2019, año en el que la cifra se colocó en 99.149.

La coyuntura parece seguir la tendencia a la baja que se comenzó a vislumbrar en 2011, el año siguiente de la entrada en vigor de la citada ley. Como concluía una investigación sobre el tema, el fenómeno se debe a que "los países con leyes más permisivas y consolidadas en la sociedad, incluyen medidas más eficaces en educación y métodos anticonceptivos, que ayudan a prevenir los embarazos no deseados".

La tendencia a la baja también ha ido acompañando a la mayoría de las comunidades autónomas a lo largo de los años. Lo cuestionable es por qué hay una variación de cifras considerable entre los distintos territorios. Según el informe de Sanidad, Cataluña, Madrid y las islas Baleares son las regiones con mayor tasas de aborto, con un 14,87 por 1.000 mujeres, un 12,87 y 12,83, respectivamente. Al otro lado se colocan La Rioja (6,71), Galicia (7,09) y Extremadura (7,51). Es una diferencia del doble.

"Esto suele ser así todos los años y lo atribuimos a un fenómeno multicausal", dilucida García. Una mayor cantidad de inmigración, en el sentido de mujeres que priorizan trabajar a la maternidad, y la edad son dos de los factores que refiere la profesional como más importantes.

"Es normal que haya más IVE donde hay más gente joven, ya que es en la franja de edad que más se reportan", prosigue la experta. Según el INE, Galicia es la comunidad más envejecida de España. La Rioja y Extremadura también tienen un alto índice de población mayor.

"No creo que la variación entre comunidades sea un fenómeno que podamos extrapolar sólo a que la comunidad haya adoptado una buena ley de salud sexual y reproductiva. Habrá mejores y peores, pero es multicausal", concede García.

Resuena aquí la polémica sobre inequidad interterritorial surgida este año. El pasado mes de julio, el Tribunal Constitucional condenaba a la comunidad autónoma de Murcia a indemnizar a una mujer a la que denegó la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo bajo el argumento de que no había médicos dispuestos a practicar el aborto en sus centros asistenciales. La afectada, Antonia Correa, tuvo que trasladarse a Madrid para hacerlo.

"El desplazamiento en la medicina no sólo se da en el aborto, se da en toda la práctica sanitaria. Creo que el Tribunal Constitucional no consideró todas las variables que pudieron intervenir en el desplazamiento", reflexiona la profesional sobre este caso en concreto. A la par, apostilla: "En la actualidad, la mujer en la comunidad murciana interrumpe su embarazo". Efectivamente, se encuentra entre las regiones con las tasas más altas, con un 12,26 por 1.000 mujeres.

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La cuestión es que en la Región de Murcia —al menos este 2022—, todas las IVEs se han efectuado en centros sanitarios privados. No es algo concreto de la comunidad. Se extrapola al resto de España. Tal y como refleja el informe de Sanidad, el 82,7% de los abortos se practicaron en centros privados (concertados o no), dejando tan sólo el 17,02% a lo público.

Prestación estigmatizada

"El aborto, en la medida que es una prestación estigmatizada, nunca se quiso hacer en la sanidad pública", lamenta la presidenta de ACAI. La red calcula que en sus centros se realizan alrededor de 85.000 IVEs al año, cifra que encaja con lo expresado por Sanidad. 

Cómo se gestiona el trasvase a un centro concertado es algo que depende de lo fácil o difícil que lo ponga cada comunidad. Por ejemplo, desde la Comunidad de Madrid se explica que, para que lo cubra la Seguridad Social —el derecho al aborto es gratuito por ley— se tiene que acudir a una cita con la unidad de IVE del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Ahí se le entrega la carta de pago. Se puede gestionar desde la propia clínica, pero será SERMAS quien marque la cita.

También está el hecho de a dónde te deriven. Muy sonado ha sido el caso de La Rioja, que en enero de este año celebraba que por fin se pudiera abortar dentro de la comunidad, al empezar a realizarse en centros públicos. Hasta ahora, todas las mujeres debían ser derivadas a centros concertados de Zaragoza y Pamplona —si bien computan dentro de su lugar de residencia—.

Todo ello puede atraer connotaciones negativas a la mujer para dar este paso tan delicado. Por eso, como insisten desde ACAI, necesita estar informada de todas las opciones que tiene y merece.

Mayor formación

En la explicación de la gran carga de los centros concertados aparece de trasfondo la objeción de conciencia, pero García va más allá: "Muchos profesionales no lo hacen por objeción profesional, porque no están formados". 

Para ejemplificar el asunto, evidencia los casos de Cataluña o Baleares, dos de las comunidades con más intervenciones en centros sanitarios públicos: "Su número de abortos farmacológicos es bastante grande".

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La instrumental es, más o menos, lo que todo el mundo tiene en el imaginario colectivo, una intervención en la que se aborda el útero y se procede a su vaciado. Por ende, requiere de una gran formación. En la segunda, se administran dos medicamentos para lograr la evacuación uterina y, aunque pueda sonar menos invasiva, se ha demostrado que puede generar más dolor y se dilata más en el tiempo.

En cualquier caso, los servicios que prestan estas clínicas están financiados por el Estado. Son una prestación gratuita para las mujeres que acudan a solicitarlo al servicio público de salud. "Lo que hemos conseguido con el tiempo es que sea un derecho de la mujer gratuito, que no tenga que pagar por ello", insiste García.

Como contrapartida, queda mejorar la formación de profesionales —Igualdad envió una carta el año pasado a todas las autonomías para que empiecen a reorganizar este servicio en la red pública— y algo en lo que incide la experta, una mayor formación en educación sexual y afectiva. Insiste en que es una de las mejores medidas para reducir el número de mujeres que pasan cada año por este trance en nuestro país. "Si queremos realmente que no haya embarazos imprevistos, lo que hay que elaborar es una buena estrategia en salud reproductiva", zanja la médico.