Ictus, la pandemia oculta: 10 millones de personas morirán al año de infarto cerebral a partir de 2050

Efectivamente, los factores tradicionales de riesgo cerebrovascular -tabaquismo, alcoholismo, alimentación inflamatoria al estilo de la 'dieta occidental', sedentarismo- ya no son privativos de los países desarrollados. El aumento de los ictus se traducirá al mismo tiempo en una mayor carga asistencial para personas que queden en situación de discapacidad. La proyección que ahora se publica estima en hasta 2,3 billones de dólares el coste global para el tratamiento, la rehabilitación y los gastos indirectos. Para los países que no puedan sufragarlos, supondrá un ensanchamiento de la brecha en calidad de vida y productividad con respecto a los más desarrollados.

"Es preocupante", valora Elena López-Cancio, neuróloga de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en declaraciones a Science Media Centre. A los factores de vida poco saludables, explica, se suman factores como "la hipertensión no detectada y no controlada, falta de acceso a servicios de salud de alta calidad, atención e inversión en prevención insuficientes, contaminación del aire" o el mismo crecimiento demográfico como variable epidemiológica. En este sentido, advierte la especialista, "existe una mayor carga de enfermedades infecciosas que generan competencia en una situación de cantidad limitada de recursos".

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"El artículo posiciona al ictus como uno de los principales problemas de salud de nuestra sociedad", valora López-Cancio, como "segunda causa de muerte a nivel mundial y la segunda de discapacidad en adultos". Las consecuencias se traducen en costes directos de tratamiento y rehabilitación, e indirectos, en forma de pérdida de productividad. "Pero no solo para los propios enfermos, sino para las familias y la sociedad en general", recuerda. El ictus condiciona secuelas a largo plazo que implican una importante carga económica en cuidados, lo que repercute en las familias, y es una de las principales causas de depresión y demencia.  

La proyección calcula que las muertes anuales por infarto cerebral en las regiones en desarrollo -sudeste asiático, Asia meridional, América Latina, América Central y Caribe, norte de África y Oriente Medio o el África subsahariana- se desbocarán, pasando de 5,7 millones en 2020 a 8,8 millones en 2050. Por el contrario, los países avanzados lograrán estancarlas en una estimación de unas 900.000 muestras anuales. Por lo tanto, la proporción de víctimas del ictus en los países con menos recursos habrá pasado del 86% en 2020 al 91% en 2050. Esto implica comprometer uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS, reducir en un tercio la carga de enfermedades no transmisibles para 2030.

Los cuatro pilares

Los autores del informe designados por la comisión establecen doce recomendaciones basadas en la evidencia, articuladas bajo cuatro premisas: Vigilancia, Prevención, Cuidados Intensivos y Rehabilitación. Estas, a su vez, se pueden agrupar en estos epígrafes: 

- Establecer sistemas de vigilancia de bajo coste que proporcionen datos epidemiológicos fiables sobre la incidencia, para guiar la prevención y el tratamiento.

- Aumentar la concienciación pública y las campañas para mejorar los hábitos de vida a través de los dispositivos móviles y otras tecnologías de la información, distribuyendo vídeos de información y entrenamiento en primeros auxilios.

- Priorizar la planificación efectiva de los servicios de Cuidados Intensivos del ictus agudo, con las infraestructuras, equipos, tratamientos y medicinas asequibles, junto con una adecuada gestión de recursos a nivel nacional y local.

- Adaptar las recomendaciones basadas en evidencias a los contextos regionales, entrenando, supervisando y proporcionando soporte a los profesionales sanitarios para el cuidado de las víctimas de ictus a largo plazo.

"Los agentes implicados para condicionar cambios en la devastadora realidad del ictus a nivel global no son solo los proveedores de servicios de salud sino también las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y, especialmente, los responsables políticos a nivel gubernamental", apunta López-Cancio. "Deben establecerse medidas encaminadas a la reducción de la contaminación ambiental, al igual que políticas para reducir el consumo de productos poco saludables como las bebidas azucaradas y los productos procesados, el alcohol y el tabaco".