Uber se reconvierte para tratar de cumplir con la ley española

“Quisimos correr demasiado”. Las palabras son del responsable en España de Uber, Carles Lloret. Tras casi un año con su servicio suspendido por orden judicial, la compañía norteamericana saca la artillería. Quiere reconvertirse para tratar de cumplir con la ley española. ¿Cómo? Descartando su servicio entre particulares, para retomar la actividad con otro en base a licencias VTC (alquiler de coche con conductor privado), similar al de Cabify. Pero, con una salvedad importante: piden la eliminación de límites a la concesión de esos permisos para los conductores.

En mayo del año pasado, Uber desembarcó en España. En la ciudad de Barcelona y, posteriormente, en Madrid. Lo hizo con su servicio entre particulares (llamado 'Pop'). Conductores sin licencia llevaban a cabo servicios dentro ambos cascos urbanos. La denuncia de varios colectivos del taxi no se hizo esperar. Y la consecuencia se produjo en el mes de diciembre: la suspensión cautelar de su actividad.

Desde que se decretara el ‘cierre’ ha pasado casi un año. La suspensión colocó a España, junto a otros países como Luxemburgo, Serbia o Albania, entre los que no cuentan con uno de sus servicios en todo el país. La orden fue dictada por un juez de lo Mercantil de Madrid. En Barcelona, otro juzgado también arrancó un proceso. Ambos han desembocado en Europa. Tanto el catalán como el madrileño han decidido poner en manos del Tribunal de la Unión Europea la decisión sobre si Uber es una empresa de transporte o una plataforma digital.

Con licencia, pero sin límites

La resolución de este conflicto doble puede alargarse durante un año y medio. Ante este escenario, la compañía ha movido ficha. “Hemos hecho un ejercicio de realismo”, reconoce el máximo directivo de la firma en España en una entrevista con EL ESPAÑOL. Ese ejercicio consiste en reconocer que quisieron “correr demasiado” tratando de implantar un modelo que choca contra la estricta regulación española y que, por tanto, requería de una liberalización total del sector.

¿Cuál es la salida? Para ellos, dar un paso atrás y plantear un modelo intermedio poniendo en marcha un servicio a través de licencias VTC (transporte privado con chófer). Un servicio similar al de otros actores que se encuentran en pleno proceso judicial como Cabify. Pero con una salvedad más que importante: la necesidad de una “regulación única” –hoy tanto comunidades autónomas como ayuntamientos tienen competencias- en toda España que elimine toda restricción al otorgar estos permisos.

Hasta ahora, España cuenta con un limitado número de este tipo de licencias, cuyo servicio tiene unas características distintas a la de un taxi (contratación previa, el diseño de una hoja de ruta antes de iniciar el trayecto…). Sin embargo, en los últimos años esta cifra se ha multiplicado por dos, tal y como han denunciado las asociaciones del taxi, hasta alcanzar las 4.300 en la actualidad. Este es uno de los motivos por los que organizarán paros durante las próximas semanas.

Para Uber, en España se ha restringido “artificialmente” este mercado de transporte privado con conductor. Y poner de ejemplo a Londres: los taxis y conductores con licencia VTC en esa capital representan 10 por cada 1.000 habitantes. ¿Y en las cinco principales capitales españolas por población? “La proporción es 5,14 por cada 1.000 habitantes”, explica Lloret. Él entiende que hoy no se llega “ni a una décima parte del mercado potencial”. Y por eso cree que es una “oportunidad para el desbloqueo”. Ellos insisten en que un escenario ideal, en las dos grandes ciudades españolas podrían sumarse 15.000 conductores más a los actuales.

Pero, como le ha sucedido a Cabify -una startup española que da ese mismo servicio- en su proceso judicial, su servicio podría enfrentarse con la regulación del transporte privado con conductor. ¿Puede un conductor circular por la calle esperando a un servicio? Ellos se limitan sólo a plantear una medida: “Los conductores no pueden aceptar trayectos solicitados directamente en la calle, es decir, sin hacerlo a través de la aplicación”.

¿Y sus obligaciones?

En caso de que la administración diera por buena esta propuesta, la compañía aboga por una regulación en la que las compañías de ‘ride sharing’ (así denominan a este tipo de servicio) deben autorizar la entrada de conductores. Para ello, los aspirantes han de cumplir con una serie de requisitos: licencia, documentación del vehículo, justificante del mantenimiento del vehículo, de la póliza del seguro y un documento de antecedentes penales.

En el ámbito de la seguridad, además de pasar este examen a los conductores, se comprometen a disponer durante un periodo mínimo de tiempo el registro de viajes del conductor “para que la policía pueda acceder a dicha información con el objetivo de garantizar la seguridad pública”.

En el lado del consumidor y la competencia, apuestan por ofrecer una tarifa estimada al cliente antes del servicio, cantidad que sería abonada a través de pago electrónico. “Existe una trazabilidad en todo el proceso y conseguimos que aflore la economía sumergida”, defiende Lloret.

La negociación con la administración

Esta es la teoría. Pero la puesta en práctica no va a ser nada sencilla. Sobre todo con una administración que no sólo no se ha mostrado a favor de estos modelos sino que en algunos casos han decidido declararles la guerra. En el caso de la Comunidad de Madrid, la propia presidenta, Cristina Cifuentes, anunció ayer la puesta en marcha de medidas contra el intrusismo en el sector del taxi, tanto de plataformas digitales como Uber como de ‘taxis piratas’.

Se trata de un endurecimiento de la normativa actual incluido dentro del anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativa aprobado en el Consejo de Gobierno extraordinario. Se modificará la Ley de Ordenación de Transportes Urbanos para que los vehículos que lleven a cabo servicios de transporte urbano sin la licencia municipal puedan ser inmovilizados, aunque el conductor no haya recibido una sanción en el último año.

El nuevo modelo que plantea Uber no chocaría con esta normativa porque se basaría en las licencias. Pero sí debe ir acompañado de grandes dosis de negociación con las administraciones, pues necesita que se eliminen las restricciones en el número de permisos. “Vamos a ser más dialogantes para hablar con las administraciones y también más didácticos en la explicación del modelo”, anuncia Lloret.

Aunque estén dispuestos a negociar, no cierran la puerta a iniciar el servicio. Hoy está suspendido cautelarmente Uber Pop y nada más. ¿Están dispuestos a lanzar este nuevo servicio con licencias de VTC? “No lo sabemos”, reconoce el directivo. Sólo lo harán, según admite, si tienen un “buen producto” para hacerlo.

Las cifras

En este nuevo movimiento de ficha de la compañía buscan justificar este nuevo planteamiento con cifras. En un documento que publican en una web propia señalan estudios propios sobre su experiencia en otras ciudades como San Francisco o Londres y su influencia positiva. “Es un complemento a lo que ya existe y, además, mejora el sector del taxi al haber más competencia”, argumenta Lloret.

Ahora, once meses después de su suspensión, Uber saca toda la artillería. Eliminará servicios aledaños como el de reparto de comida (UberEATS) en la ciudad condal. Y colocará el foco en Madrid –desde un principio su centro de operaciones estuvo ubicado en Barcelona- para una posible negociación.