Un pacto que busca más inversión pública en ciencia y 10.000 nuevos investigadores

En el apartado del 'Pacto por la Ciencia' de este acuerdo rubricado por Pedro Sánchez y Albert Rivera, el texto calca la propuesta publicada por el Partido Socialista a principios de este mes. De esta forma, en primer lugar propone la creación del Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el propio presidente del Gobierno.

Ya en 2012 se creó el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, formado por representantes de los agentes sociales y científicos, tecnólogos y empresarios de reconocido prestigio, actualmente dependiente del Ministerio de Economía y encargado labores asesoras. Con esta nueva propuesta, se entiende que aumentará notablemente la implicación del Gobierno con la investigación científica.

Además, el pacto promete mucha más inversión pública en I+D+i civil no concretada, aunque con el objetivo de alcanzar un gasto total equivalente al 3% del PIB. Los últimos datos oficiales indican que en 2014 hubo un gasto total de 12.820 millones de euros (algo más del 1,2% del PIB de ese año), de los que 2.408 millones fueron inversión pública. 

No obstante, la medida estrella que ya estaba incluida en su programa para los comicios generales del 20D vuelve a plantear la "incorporación, recuperación y consolidación del talento científico" para incorporar hasta 10.000 nuevos investigadores en cuatro años y con "criterios de excelencia".

Para ello, se cuenta con la colaboración de comunidades autónomas, universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados. El pacto plantea expresamente el apoyo a quienes se encuentren "en las etapas iniciales de su carrera". También mencionan un apoyo específico para que retornen investigadores y científicos que desarrollan su actividad fuera de España, pero como medida incluida en el punto denominado 'Pacto por la Educación'.

De hecho, en el marco de la educación, ambas formaciones se comprometen, por un lado, a "establecer el carácter de las becas como derecho subjetivo de todas las personas con necesidad de ayuda para igualar oportunidades", además de incluir un programa de ayudas a titulados parados para realizar un master; y por otro, a "impulsar un programa específico para recuperar al alumnado que haya tenido que abandonar sus estudios universitarios por motivo de los cambios legislativos del anterior Gobierno o cambios sobre sus condiciones socioeconómicas desde el inicio de la crisis". 

Por último, también plantean una reforma del estatuto de la recién creada Agencia Estatal de Investigación, cuyo nacimiento tuvo lugar apenas tres semanas antes de las elecciones generales del 20D. Estos estatutos fueron publicados hace tan solo dos meses (PDF).

La idea es recuperar el espíritu de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, impulsada por el Gobierno de Zapatero y que obtuvo un amplio consenso parlamentario en 2011.

"Es bueno que haya un acuerdo entre partidos sobre políticas de I+D e innovación", comenta a EL ESPAÑOL Jorge Barrero, director general de la fundación Cotec para la innovación. "El documento es ambicioso en cuento a sus planteamientos y sorprendentemente concreto en sus propuestas", opina, y añade: "En caso de que salga adelante, estudiaremos con mucho interés su desarrollo". "Celebramos particularmente el compromiso que recoge de dedicar un 3% de las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora, una idea que surgió de Cotec", afirma.

El cambio climático

La política medioambiental adquiere una importancia notable, pero unida a la sostenibilidad energética y a la productividad. De hecho, las propuestas orientadas a la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático aparecen en el primer apartado del texto, íntimamente relacionada con la transición del modelo energético.

El acuerdo busca lograr el cumplimiento de reducción de emisiones que marcó la reciente Cumbre del Clima de París, en donde nació un compromiso global de reducción de emisiones para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales, aunque no especificaba obligaciones concretas para cada país. Tampoco este acuerdo marca objetivos ni compromisos concretos. 

Sí se desgranan medidas tales como un pacto de estado de energía, para "dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética"; una Ley de Cambio Climático y Transición Energética en donde sí quedarán marcados "objetivos de reducción de emisiones y su actualización"; y modificar la normativa de autoconsumo eléctrico, el llamado "impuesto al sol". 

Se plantea el cierre de las nucleares dentro de las medidas contra el cambio climático

Otra medida incluida en este apartado prevé una moratoria de una legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica (fracking) y "restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos". 

Ambos partidos están de acuerdo al "cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil", una medida incluida en el apartado de lucha contra el cambio climático pese a que importantes climatólogos creen que, para ganar la lucha contra el calentamiento global, no es posible prescindir de la energía nuclear.

Asimismo, y en materia de medio ambiente, se incide en la rehabilitación de viviendas mediante un plan estatal para hacerlas más eficientes energéticamente; se pretende "recuperar la prohibición de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas"; y  proponen "recuperar la consideración del agua como un derecho", entre otras medidas.

El pacto sanitario

Otro de los pilares de este acuerdo PSOE-Ciudadanos tiene que ver con las políticas sanitarias, cuyo primer punto en común es "restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud", extendida también a extranjeros no empadronados "por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa", así como a "las mujeres extranjeras embarazadas que se encuentren en España".

También se comprometen a "mantener la titularidad pública de centros y servicios sanitarios, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un papel complementario". El pacto pretende asimismo garantizar una "cartera común de servicios para toda la ciudadanía, en coordinación con las CCAA [...], que garantice el acceso en condiciones de igualdad efectiva a toda la ciudadanía".

Por ultimo, el texto del acuerdo no prevé la eliminación del polémico copago farmacéutico, sino que éste "no sea una barrera de acceso, en especial para personas en situación de vulnerabilidad".